Celaá juega "en casa": el TC no ha tumbado ninguna ley ideológica del PSOE

Ni la ley del aborto -cuyo recurso lleva más de 10 años aparcado en el cajón de los magistrados del Tribunal de Garantías- ni la reforma del Poder Judicial (LOPJ) de 1985, ni la Ley de Memoria Histórica ni la de Violencia de Género. Isabel Celaá es consciente de que la doctrina del Constitucional juega a favor en su polémica reforma de la ley educativa pese a que el Partido Popular, principal fuerza política de la oposición, ya ha anunciado que recurrirá la norma ante los más altos magistrados españoles y europeos encargados de proteger la libertad educativa.

Salvo la conocida como 'Ley Corcuera', el Constitucional no ha revocado ninguna de las leyes más ideológicas de los gobiernos socialistas en los últimos años. Hay que remontarse a 1993 para encontrar un precedente en el que los magistrados del Tribunal de Garantías, reunidos en Pleno, tumbasen íntegramente y por unanimidad el precepto más escandaloso de un texto que, entonces,  autorizaba a la Policía el acceso a cualquier domicilio privado previa 'patada en la puerta' y sin necesidad de autorización judicial previa. La enmienda del Ejecutivo de Felipe González fue aprobada gracias al apoyo del PNV y Convergencia.

El Gobierno de Sánchez ha advertido a las comunidades del PP que no pueden "desobedecer" su nueva ley educativa

Por eso, más allá de las críticas airadas, las recogidas de firmas y las manifestaciones multitudinarias contra la LOMLOE o 'Ley Celáa', aprobada en sede parlamentaria por sólo un voto a favor de diferencia entre sus partidarios y frente a sus detractores, la ministra del ramo cuenta con los precedentes jurisprudenciales del Constitucional como aliados para mantener viva la norma, al menos, hasta que llegue un Gobierno de nuevo signo.

LOPJ

Bajo el madato de Felipe González, en 1985, se promovió la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que autorizó al Parlamento a reservarse la elección de los vocales del Consejo General (CGPJ). Una decisión que arrebató a jueces y magistrados la posibilidad de elegir a sus propios representantes y que entonces contó con el aval del Constitucional.

Dicho respaldo no sólo fulminó la fórmula mixta del primer Consejo de la democracia española (1980), presidido por Federico Carlos Sainz de Robles, sino que ha condenado al órgano de gobierno de los jueces a la alternancia 'política' en su seno al albur de la sensibilidad mayoritaria del Ejecutivo de turno.

Ley del Aborto

Más de una década después de que 71 diputados del PP planteasen su recurso de amparo ante el Constitucional contra la ley del aborto de 2010 -que liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación- la norma sigue vigente y la solución del conflicto durmiendo el sueño de los justos, hasta la fecha, indefinidamente.

No en vano, una de las corrientes presente entre algunos miembros del órgano judicial considera que la "renuncia" del Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, a derogar el texto de la ley supuso una 'caducidad' del contencioso planteado por los populares que tuvieron, entre 201 y 2015, una legislatura completa para tumbarla.

Ni el actual presidente del Tribunal, Juan José de la Riva, ni sus antecesores -Francisco Pérez de los Cobos, Pascual Sala y María Emilia Casas- han querido reactivar la causa que lleva diez años sin debatirse en Pleno.

Ley Integral de Violencia de Género

El Constitucional también declaró la legalidad de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en lo relativo a la desaparición de la presunción de inocencia y de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en España, en función del sexo del autor del delito y la categoría del delito cometido. En mayo de 2008 el Tribunal de Garantías dio luz verde a la norma gracias a siete magistrados, contra cinco, que permitieron aumentar las condenas por maltrato sólo en los supuestos en los que el maltratador fuese varón y la víctima mujer.

Pese a que desde que la norma fue aprobada se plantearon más de 200 recursos, el Constitucional respaldó la ley con los votos favorables de su entonces presidenta, María Emilia Casas, del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y de los magistrados progresistas Manuel Aragón, Elisa Pérez Vela, Pascual Sala, Pablo Pérez-Tremps y Eugeni Gay.