Los recursos del PP y Cs en el Supremo se tuercen y el de Vox pende de un hilo

El recurso que va a presentar el PP y el que ya ha presentado Ciudadanos ante el Tribunal Supremo contra los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen riesgo de acabar muriendo en la orilla.

Después de que ambos partidos hayan decidido mover ficha sin haber estado personados en el juicio se ha planteado un debate jurídico de calado sobre la legitimidad de los populares y naranjas para impugnar ante el Alto Tribunal la medida de gracia.

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La Sala Tercera del Supremo podría anular los indultos, aunque no hay jurisprudencia previa en un caso similar, pero la ley exige que, para ello, quien lo solicite sea "parte interesada" en la decisión ejecutiva.

Es decir, que la conmutación de las penas de prisión impuestas por el delito a los indultados le provoque un perjuicio directo o bien a quienes hayan sido parte acusadora, particular o popular, en el juicio del que resultó la sentencia firme condenatoria. Y solo Vox fue parte.

Ésa es la primera incógnita que tendrán que despejar los magistrados antes de entrar en el fondo del asunto sobre las razones de justicia, equidad o utilidad pública que deben motivar una potestad tan excepcional. Los expertos avanzan que, como norma, el Supremo no ha sido históricamente muy favorable a admitir los recursos planteados por partidos políticos contra las decisiones administrativas del Gobierno.

El recibimiento a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Fuentes próximas al Alto Tribunal apuntan a ESdiario que les "cuesta ver la legitimación del PP". Aunque el presidente de la formación, Pablo Casado, ha justificado el recurso presentado en la presunta "acción terrorista" planificada contra él por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) durante el aciago otoño de 2017.

La ahora ministra de Defensa, Margarita Robles, avaló como magistrada que una ONG impugnara un indulto del Gobierno de Mariano Rajoy sin haber sido antes parte acusadora en los tribunales.

En cuanto a la de Vox, que el propio Santiago Abascal presentó este jueves, aunque "es más viable", también "hay argumentos jurídicos para cuestionarla". El principal sería que los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Tercera, competente para decidir, entendiesen que el único perjudicado con el "perdón" de Sánchez a los líderes políticos condenados en firme por el referéndum ilegal del 1-O es el Estado.

En dicho caso, los únicos actores que podrían presentar un recurso con visos de superar el trámite inicial serían la Fiscalía General o la Abogacía Pública. Algo que no ocurrirá por parte de los letrados del Estado y que es "muy improbable" por parte del Ministerio Público.

Cabe recordar que el caso de este último la misión ya no recaería en manos de los beligerantes fiscales del juicio al procés -Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena-, sino en los representantes de la institución adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo.