Lesmes se reúne con el CGPJ pero evita incluir los indultos en el orden del día

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogado se reúne hoy, como cada jueves, para despachar los asuntos relativos al gobierno de los jueces. Sin embargo, en esta ocasión, y pese a la polémica suscitada por las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el futuro y eventual indulto que el Ejecutivo prepara para los líderes políticos del procés, no se espera "ningún acuerdo relevante" sobre esta cuestión. Así lo han confirmado a ESdiario fuentes del Consejo: "En el orden del día no hay nada" sobre la medida de gracia.

Sánchez ha crispado el alma del Poder Judicial al asegurar esta misma semana desde Bruselas, en una comparecencia desde ante medios de comunicación internacionales, que la concesión de los indultos a los sediciosos catalanes es más que posible: "La venganza y la revancha no son valores constitucionales". "Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro...", añadió el presidente del Gobierno.

Unas declaraciones que han provocado un evidente malestar de los miembros de la judicatura y de los propios magistrados que dictaron la sentencia firma con la que se puso fin al proceso judicial encargado de depurar la responsabilidad penal de los promotores del referéndum inconstitucional del 1-O.

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Los jueces "están que trinan" con las palabras del Sánchez. Pese a ello, el presidente del Supremo que se ha opuesto a la medida de gracia, Carlos Lesmes ha decidido no incorporarla a debate en la cita semanal del máximo órgano de los jueces. "Se hablará de ello, claro" apuntan fuentes próximas al Consejo que no esperan que "se adopte ninguna" postura oficial sobre el tema.

El contundente "no" del Supremo

Los magistrados responsables de la confección del informe solicitado por el Gobierno -que ya obra en poder del Ejecutivo y traslada la pelota a su tejado- han sido tajantes sobre la proporcionalidad de las penas de cárcel impuestas a los condenados.

Esto, sumado al hecho de que ninguno de ellos ha mostrado el más mínimo gesto de arrepentimiento, han llevado a los jueces a concluir, en un documento ponencia de Manuel Marchena, que las peticiones de indulto para los separatistas catalanes, actualmente en prisión, realizadas por terceros "desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo".

En un contundente texto emitido por la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, Marchena ha espetado un rotundo "no" a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez que se prepara para liberar a los 12 presos separatistas catalanes condenados por sedición y malversación. Los indultos no están justificados ni por "razones de justicia" ni de "equidad" ni de "utilidad pública".

El informe preceptivo, aunque no vinculante, ha coincidido con el anteriormente emitido por la Fiscalía, en el mismo sentido negativo, lo que no impedirá al Ejecutivo avanzar con los trámites ya iniciados.

La Sala Segunda de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena, quien también fue el presidente del tribunal sentenciador, ha rechazado cualquier posibilidad "total o parcial" de amnistiar a los sediciosos catalanes y dejar sin efecto una pena que no ha cumplido con su función, ni con el objetivo que justifica su imposición.

"Esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil inidicio de arrepentimiento. Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal (...) podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado" por los delitos cometidos por los condenados. Y recuerda los turnos de última palabra de los entonces acusados, donde varios de ellos volvieron a "hacer un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente".

"Esas palabras son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática" y vulneradora de los "derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual" del independentismo en Cataluña, ha expuesto Marchena.

"Difícil de aceptar"

El miércoles, en un foro organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Lesmes se refirió a la posibilidad de que los políticos catalanes condenados por sedición y malversación sean indultados por el Gobierno central. El presidente del Supremo afirmó sin referirse al caso concreto del 1-O que "el indulto y el contexto en que se está planteado entendido como medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar".

El actual presidente del Supremo votó en 2013 en contra de la revisión de una medida de gracia, concedida por el entonces Gobierno del Partido Popular a un conductor kamikaze, que el Alto Tribunal revocó, ya que en su voto particular -que suscribió junto a otros 10 compañeros- sostuvo que "las razones del indulto nunca pueden ser jurídicas".