La Fiscalía vuelve torpedear la investigación sobre la financiación de Podemos

Nueva piedra en el camino para la justicia en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de uno de sus cofundadores, Juan Carlos Monedero con dinero procedente del régimen de Nicolás Maduro. La Fiscalía ha presentado, por segunda vez, un recurso en el que pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que sea ésta la que decida si las pruebas que ha reunido la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) entran a formar parte del caso. 

Según el diario “La Razón”, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha transmitido este recurso a última hora del miércoles. Es la segunda ocasión que trata de frenar una parte de la investigación que el magistrado de refuerzo, Joaquín Gadea, ordenó el pasado 17 de noviembre. 

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Una causa en la que la Policía ha analizado movimientos de sociedades vinculadas a Juan Carlos Monedero, como es el caso de VIU Comunicaciones y VIU Europa. Ambas empresas podrían tener vínculos con Venezuela y habrían servido como nexo entre Maduro y Monedero para financiar a la formación morada.

Ahora, y por segunda vez, la Fiscalía pone trabas a la investigación con una apelación formal para que sea la sala la encargada de decidir si esas investigaciones de la UDEF se usan en el proceso. Aún así ni el primero ni este recurso tiene efectos suspensivos, por lo que la UDEF puede seguir con sus labores de investigación paralelamente hasta que el Supremo se pronuncie. 

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En la práctca, este movimiento del ministerio público lo que hace es poner una piedra en el camino de la investigación, ya que tendrá que ser un tribunal y no un juez instructor el que diga si esa investigación de la Policía se usan o no en la causa. Según fuentes consultadas por “La Razón”, lo previsible es que la Sala se pronuncie antes de que la investigación policial finalice,  ya que la Policía puede tardar más en recopilar pruebas.

Y es que la UDEF tiene que cruzar datos, conseguir detalles bancarios y recabar información de administraciones diferentes, por lo que se puede dilatar en el tiempo meses o incluso años. En el caso de que los jueces den la razón a la Fiscalía, las conclusiones de la Policía no se conocerían, ni por el tribunal ni por la ciudadanía.