| 14 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Toma de posesión de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo.
Toma de posesión de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo.

Jueces y Juezas para la Democracia salva la cara al Gobierno ante Europa

La asociación judicial de corte progresista no quiere perder la ocasión de "colocar a los suyos" y por ello ha defendido ante la Comisión de la UE la renovación del CGPJ sin reformar la ley

| María Jamardo Tribunales

 

Sólo tres de las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias han defendido este viernes ante la Comisión Europea la situación crítica por la que atraviesa la independencia judicial en España. Según han apuntado a ESdiario fuentes próximas a la reunión mantenida entre las entidades profesionales, que representan a más de 2.500 miembros de la carrera, y el organismo europeo, Jueces y Juezas para la Democracia (JyJD) se han desmarcado para defender una reforma del sistema de elección de la cúpula del Poder Judicial, a futuro, una vez renovado en el contexto actual que favorece la "colocación de los suyos".  Una razón que "sólo" reconocen "indirectamente" y de manera extraoficial.

Pese a las críticas de la mayoría -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)-, coincidentes en despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin más negociaciones ni pactos entre PSOE y PP para trocearlo, Jueces y Juezas para la democracia ha asegurado ante los interlocutores europeos que pese a lo mejorable del sistema actual, no es el momento de cambiarlo. A juicio de los representantes de la misma, y en base a su experiencia propia, hasta ahora y en la práctica no ha "perturbado" la independencia de su labor.

"Sin embargo", señalan las mismas fuentes, "una cosa es la imparcialidad de cada juez en concreto, que se da por descontado, y otra la independencia judicial que es la apariencia que frente a los ciudadanos se predica de la institución. Y la confianza del ciudadano de a pie en la Justicia, se ha quebrado".

Tanto la AJFV, como APM y FJI enviaron a principios del pasado mes de abril una durísima carta al Comisariado de Justicia de la Unión Europea para instar una intervención contra España si el actual Gobierno no desistía en su empeño de ahondar en la, cada vez mayor, politización de la Justicia. Ya en aquella ocasión quedó fuera de los firmantes del texto la misma entidad que se ha desmarcado este viernes, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD).

 

Tras dicha petición, el Gobierno renunció a la segunda fase de su reforma legal, orientada a reducir las mayorías necesarias para renovar el Consejo en las cámaras parlamentarias. La primera de ellas, ya había sido consumada con el consiguiente "apagón" que, según los denunciantes, ha significado para el CGPJ la reforma que recortó sus funciones constitucionales, al impedirle los nombramientos discrecionales cuando el órgano se encuentre prorrogado.

Además, varios de los portavoces convocados al encuentro de este viernes han hecho especial hincapié en el problema de "las críticas de algunos miembros del actual Gobierno a determinadas resoluciones judiciales". 

Una posición de protesta que choca con la postura mantenida por el propio CGPJ afectado que, el miércoles, al término de un Pleno Extraordinario convocado por su presidente Carlos Lesmes votó, trece a ocho, en contra de plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra la reforma con la que el Ejecutivo limitó sus competencias.

Efectos colaterales

"Todas estas polémicas han influido en la percepción que los ciudadanos españoles tienen sobre la Justicia en España", ha asegurado recientemente a este periódico Concepción Rodríguez González del Real, presidenta de FJI. "Así lo evidencian las encuestas del Eurobarómetro de 2019 y 2020" en las que "un 55%" de los españoles consideraban la Justicia "como mala o muy mala".

No en vano, "la situación interna en la carrera judicial muestra una gran irritación por la asignación de los sillones del Consejo, que tiene un efecto colateral porque los no asociados (el 48% de los jueces y magistrados en ejercicio) no están entrando en el bombo para ser designados".