Laya cierra filas con Moncloa y se niega a contestar a las partes de caso Ghali

Como estaba previsto, a la luz de los recientes movimientos de la Abogacía del Estado en su apoyo, la exministra de Exteriores ha cerrado filas este lunes ante el juez y no ha tirado de la manta sobre la verdad de la entrada del exjefe del Polisario, Brahim Ghali, en España. Un oscuro asunto por el que Laya se ha visto cara a cara ante el juez del caso, Rafael Lasala.

Arancha González Lay ha afirmado en sede judicial que la entrada del líder del Polisario fue legal. "Todo se ha hecho conforme a la Ley", ha explicado. Laya ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza acompañada por una letrada de la Abogacía del Estado, y ha entrado en la Sala 10, para declarar como investigada ante el juez Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, que instruye el caso sobre este escándalo.

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Tras prestar declaración durante una hora, la exministra ha indicado a los medios de comunicación que su intención es aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión que ha guiado siempre su actuación, en este caso, de que todo se ha hecho "conforme a la Ley", lo que espera que Lasala "haga pronto".

Veto a las acusaciones

También han acudido a la sala de vistas los abogados de las acusaciones popular y particular. Un letrado ha indicado a los medios que González Laya se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones -respondiendo solamente a las del juez, de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal-, acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales y a un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, también sobre secretos oficiales, "tan secreto que no es público" y que "utilizan todos los Gobiernos pero nadie lo conoce".

Por su parte, las acusaciones han pedido incluir en el procedimiento las declaraciones de la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo; su exdirectora de Gabinete, María Isabel Valldecabres, así como a la jefa de Gabinete del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo.

La acusación particular ha defendido la tesis de que González Laya coordinó "con otros Ministerios" la entrada del líder del Polisario en España, señalando en concreto al Ministerio del Interior.