El 'fantasma de los ERES' llega a Asturias con una condena a UGT por fraude

La UGT suma una condena más por defraudar con las ayudas destinadas a cursos de formación.  Esta vez ha sido en Asturias, después de que el juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenase a su cúpula directiva por un delito de fraude se subvenciones en relación a una ayuda concedida a la organización en 2012.

Así consta en la sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial,  en la que también condena al sindicato a una multa de 122.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.

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En la mencionada sentencia, aparecen otras condenas para personas físicas como dirigentes y trabajadores del sindicato, incluido el exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, tras conformar un "entramado defraudatorio" en lo relativo a subvenciones relacionadas con cursos de formación.

A Rodríguez Braga se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas, al ser considerado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres exresponsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.

La sentencia también condena al resto de acusados: Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur (3 años y 8 meses de prisión) ; María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur y Formación 2020 (2 años y 6 meses); Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación de UGT (dos años y 10 meses); Alberto González Castaño, técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT (18 meses) y Silvia Sariego Ferrero, encargada de lo mismo en IFES (18 meses).

Facturas infladas y desvío de fondos

Según la sentencia, la cúpula del sindicato realizó una "actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos". De hecho, considera probado que en las subvenciones para cursos de formación recibidas por el sindicato entre los años 2011 y 2012, parte de ese dinero se destinó a gastos del sindicato, entre ellos a pagar parte de las nóminas de los trabajadores, en lugar de ser destinados a las labores de formación.

Todo era posible porque el sindicato, según la sentencia, no impartía los cursos, sino que subcontrataba estos servicios, a compañías vinculadas al él, como el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), y estos 'inflaban' las facturas.

Así, la jueza considera que los acusados, que manejaban directamente la facturación del sindicato y de las empresas afines, incrementaban ficticiamente el precio de los locales y equipos usados en los cursos, con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato.