El Gobierno usa las "devoluciones en caliente" que recurrió en el Constitucional

Del rechazo absoluto de las "devoluciones en caliente" a su uso como única herramienta para combatir la entrada masiva de ilegales procedentes de Marruecos, que han invadido las calles de Ceuta y Melilla en las últimas horas.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha forzado el regreso exprés de más de 4.200 marroquíes a su país de origen para tratar de paliar la crisis política y social de las últimas horas en la frontera española con el país alahuita.

El Ejecutivo, en boca del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó este martes por la tarde la puesta en marcha de unas prácticas duramente criticadas por el PSOE y por Sánchez desde la oposición, antes de su llegada a La Moncloa.

Tal es así que los socialistas recurrieron esta medida ante el Tribunal Constitucional al considerar que "vulnera el derecho de los inmigrantes a la tutela judicial efectiva"; y sus actuales socios de Gobierno de Unidas Podemos prometieron derogarla si llegaban al poder.

Sin embargo, el mismo PSOE que trató de tumbar al PP las denominadas "devoluciones en caliente" o rechazos en frontera de inmigrantes ilegales ante el Constitucional (TC), se apoya ahora en el aval del Tribunal de Garantías a la herramienta jurídica para justificar su intervención ante la avalancha de marroquíes que han entrado en España de forma irregular.

El Ejército español desplegado en Ceuta.

En noviembre de 2020, el Pleno del TC respaldó la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el Gobierno popular de Mariano Rajoy y el Departamento que dirige Grande-Marlaska no ha dudado en aplicarla sin paliativos, en las últimas horas, pese a que tanto su partido como Podemos la rechazaron frontalmente por razones humanitarias.

Europa absolvió a España

Una sentencia del 20 de febrero del Tribunal de Estrasburgo sentó las bases de la doctrina jurídica a favor de las "devoluciones en caliente",  adoptada por el Constitucional, tras absolver a España de cualquier vulneración de los derechos de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil que fueron entregados a las autoridades marroquíes minutos después de asaltar la valla de Melilla, en agosto de 2014.

El ya entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aplaudió el sentido de la decisión europea, que justificó la devolución apoyándose en la violencia de los inmigrantes. Y anunció que, así las cosas, aplicaría la medida siempre que fuese necesario.

Sus declaraciones provocaron las primeras desavenencias abiertas en el Gobierno de coalición, tan sólo seis semanas después de conformarse. Podemos aseguró que "elogiar sentencias que avalan la violación de derechos humanos no solo es lo contrario a lo que figura en el acuerdo de coalición. Es, además, lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos", advirtieron entonces. 

Plenamente constitucional

El Tribunal de Garantías respaldó las "devoluciones en caliente", a finales del pasado año, en una sentencia que obtuvo un amplísimo respaldo en el seno del Constitucional -fraguada en el seno de una comisión, paritaria de jueces progresistas y conservadores- compuesta por los magistrados Juan Antonio Xiol, Ricardo Enríquez, Antonio Narváez y Fernando Valdés (encargado de la ponencia del texto hasta su renuncia tras ser procesado en el Supremo por un delito de violencia doméstica). Dicho fallo concedió al Estado español el aval necesario para materializar las devoluciones de inmigrantes en la misma frontera.

No en vano, el Constitucional consideró que España no incurría en ninguna vulneración de derechos al acordar legalmente las devoluciones en caliente tanto en los casos individuales como en los supuestos de asaltos masivos y violentos a las vallas en Ceuta o Melilla, como las que se han producido en los últimos días.