18 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Pablo Echenique esta semana en el Congreso.

La cúpula de Podemos ocultó gastos personales al partido por orden de Echenique

Uno de los documentos aportados por José Manuel Calvente al juez Escalonilla, que reabrirá la investigación de la caja B, blindó información sensible de cargos de la formación de Iglesias.

| María Jamardo Tribunales

 

 

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que ha ordenado al juez Juan José Escalonilla,  instructor del caso 'Neurona', reabrir las pesquisas sobre la supuesta caja B de Podemos pone el foco en la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente contra las prácticas irregulares del partido.

Calvente llevó a la Justicia su despido fulminante tras comenzar a investigar las actuaciones de ciertos miembros de la dirección que, presuntamente, obtuvieron sobresueldos y beneficios personales a cargo del partido. Esta información habría sido ocultada por Iglesias y la cúpula de Podemos, al resto de la organización, amparándose en la Protección de Datos a cargo de Calvente. Quien, pese a ello, fue purgado de manera fulminante por Irene Montero tras conocer que había empezado una investigación interna para depurar responsabilidades.

 

En un documento interno del partido de Pablo Iglesias aportado por Calvente al juez Escalonilla en la fase inicial de la instrucción de la pieza separada de nuevo en curso, y al que ha tenido acceso ESdiario, se hace constar la existencia de información sensible sobre Podemos "bajo estricto secreto por indicaciones" del entonces "secretario general", Pablo Echenique.

Dicho material, custodiado por Calvente, se estructuraba en "3 bloques", que coinciden con las tres piezas separadas vivas en sede judicial y entre los que se incluían "asuntos personales de miembros del partido y absolutamente confidenciales". Además de "asuntos internos de Podemos", a cargo del "equipo legal de la Secretaría de Organización Estatal"; y contenidos de varios "macroprocesos de corrupción, asuntos de honor que afectan a miembros del partido" y temas" vinculados a corrupción policial" relacionados con "periodistas concretos", gestionados por el "equipo legal de la Secretaría de Políticas Anticorrupción".

'Neurona está facturando un servicio ficticio', decía Calvente

El propio Calvente negó el acceso a dicha "información confidencial" de miembros del partido a otros cargos del mismo porque hacía "referencia a terceras personas", afectaba a su intimidad" y quedaba protegida "bajo el secreto profesional de abogado". "Me resulta imposible legalmente facilitar información judicial a otra persona que no sea abogada del proceso" salvo que "conste una autorización expresa firmada" por el afectado en cada "causa procesal concreta", reza el escrito consultado por este periódico.

Tal es así que durante casi una  de las tres horas que duró la declaración de Calvente ante el juez Escalonilla -el pasado 29 de julio-, el exabogado acusó al partido de elaborar contratos simulados y ficticios con la empresa Neurona, durante las elecciones de 2019. El propio Calvente refirió cómo varios trabajadores "detectaron estas irregularidades" y le reconocieron que estaban realizando trabajos "para Podemos y resulta que los están facturando a Neurona. Neurona está facturando un servicio ficticio". El responsable de Protección de Datos se preguntó "cómo es posible que cobre 300.000 euros por hacer un seguimiento de campaña".

Irregularidades legales

El rechazo del exabogado de Podemos a "aceptar irregularidades legales" provocó, a su juicio,  "el aumento de la animadversión" de la cúpula del partido. En especial, "después de algunos desencuentros con doña Rocío Val, gerente del partido, a raíz de las graves interferencias" que ésta efectuó en el trabajo de Calvente, "entre otras cuestiones, por pretender lanzar con prisas la web de licitaciones sin avisos legales para ocultar la falsa licitación de las obras de la sede y por incumplir las medidas de seguridad ordenadas por mí sobre documentos legales digitales del partido tras la salida de doña Marta Flor del Equipo Legal".

Marta Flor.

 

La realidad es que "doña Marta Flor" -la abogada de Podemos implicada en varios procedimientos judiciales como letrada de la formación- actuó "en contra de las más elementales normas de seguridad informática y privacidad" y mantuvo "el acceso a su ordenador por orden expresa de la Gerencia y a la documentación judicial de asuntos en que ya no intervenía como abogada, contraviniendo los protocolos de seguridad de la información y protección de datos del partido".

Unos mensajes de la letrada en un chat interno de la plataforma Telegram revelaron su presunta connivencia, como interlocutora del partido, con la Fiscalía Anticorrupción.