La conselleria de Oltra, frente a una denuncia de la joven de la que abusó su ex

Abandono de familia, prevaricación, denegación de auxilio o encubrimiento. Son algunos de los delitos que constan en la denuncia interpuesta por la joven que sufrió abusos -como así decretó el tribunal- por parte del educador social marido de la vicepresidenta Mónica Oltra cuando se produjeron los hechos, en 2017.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha abierto diligencias hace escasas semanas, una vez presentada la denuncia, que señala a la directora territorial de la Conselleria de Igualdad en Valencia, a la directora del Centro de Acogida Niño Jesús, a la psicóloga y a la funcionaria que instruyeron el caso. 

La denunciante les acusa de conocer los abusos que sufría y de no solamente omitir su deber de denunciarlos, sino de "victimizar" a la denunciante. También advierte de que no remitieron al tribunal que condenó al educador social por un delito continuada de abusos sexuales un informe que ratificaba el argumento de la joven y de "permitir que convivieran en el mismo centro durante años abusador y víctima".

La denuncia afirma literalmente que pesa la sospecha "de si el parentesco del acusado con la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque, pudo pesar en el ánimo de las que tenían la responsabilidad de defender y salvaguardar la integridad física, moral y sexual de la niña tutelada".

José Luis Roberto, abogado y presidente del partido España 2000, representa a la joven. Entre él y la vicepresidenta existe una pugna desde hace años. La formación realizó un escrache ante la casa de Oltra y, posteriormente, Roberto ha alertado de represalias de Fiscalía contra su él al presentar el Ministerio Fiscal un recurso de reforma contra la resolución judicial que archivaba una denuncia contra el partido. En concreto, pide al Juzgado que "se acuerde la tramitación" y que cite a declarar, "en calidad de investigado, a José Luis Roberto como representante legal de España 2000". El Juzgado la aceptó y Roberto ya advirtió que no cejaría.