| 15 de Agosto de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pleno del Ayuntamiento de Valencia.
Pleno del Ayuntamiento de Valencia.

El Síndic de Greuges investiga el reglamento mordaza de Ribó y PSOE

El Defensor del Pueblo deduce que afecta al derecho de acceso a la información pública y al derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos.

| Sonia García Edición Valencia

El polémico reglamento mordaza del gobierno de Joan Ribó y PSOE en el Ayuntamiento de Valencia que limita el número de preguntas que los grupos parlamentarios pueden plantear en el pleno aprobado el pasado mes de marzo y por el que ya se acusó de "dictador" a Ribó está siendo investigado por el Síndic de Greuges. 

La modificación del reglamento del pleno contempla una limitación del número de preguntas e interrogantes sobre un asunto a uno solo y además de forma “escueta y estricta”, impide volver a preguntar sobre un mismo asunto hasta transcurrir al menos seis meses, suprimen las cinco preguntas adicionales por Grupo Municipal al Pleno acordadas en la Junta de Portavoces de 2019, limita a tres el número de preguntas por concejal a Comisión Informativa, limita a dos el número de mociones por grupo municipal a Comisión Informativa, prohíbe registrar preguntas o mociones a los concejales que no pertenezcan a una Comisión Informativa y suprime la posibilidad en asuntos transversales, de preguntar cuestiones al Pleno a más de una Delegación aunque sean varias las implicadas en la materia. 

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja del PP al considerar que se están vulnerando los derechos de la oposición limitando y restringiendo al máximo las preguntas que pueden hacer al gobierno. En una resolución del 1 de agosto, el Síndic admite la queja del Partido Popular y se afirma: se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública y al derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos de la persona promotora del expediente, lo que faculta al Síndic de Greuges para intervenir en el presente supuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en el artículo 1 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana". 

“Este es un nuevo varapalo a Compromís y PSPV que durante sus 2 mandatos han recibido numerosos toques de atención del Síndic de Greuges y numerosas resoluciones demoledoras de la Agencia Antifraude” ha afirmado la portavoz popular, María José Catalá, quien ha subrayado que “los que venían a dar lecciones de transparencia y buen gobierno han sido un auténtico fiasco porque pasaran a la historia por limitar la fiscalización de la oposición”.

“El reglamento mordaza de Ribó supone un ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de los representantes de los ciudadanos (art. 23.1 CE) y al derecho a la información también de los vecinos, así como de los medios de comunicación” ha afirmado María José Catalá.

Con la admisión a trámite de la queja del PP, el Síndic da un mes de plazo para que el Ayuntamiento de Valencia envíe un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado,

“En particular, informe sobre las concretas medidas adoptadas en cumplimiento de nuestra Resolución de fecha 15/7/2021 (emitida en el anterior expediente de queja nº 2101528) para lograr que la regulación de las preguntas escritas formuladas por los concejales y dirigidas al Pleno y a las Comisiones Informativas se realice de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución Española), con la finalidad de potenciar este procedimiento de control y transparencia, de conformidad con los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito de actuación municipal”, señala la resolución del Síndic.

El PP había presentado una batería de alegaciones o enmiendas para reclamar a Ribó y PSOE que se modificara el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y evitar que se convierta en el reglamento mordaza para los grupos de la oposición y que dificulta el trabajo de control sobre el gobierno municipal.  El nuevo ROP aprobado por el alcalde y sus socios del PSOE restringe drásticamente  a la oposición las preguntas, mociones, asuntos a preguntar y hasta cómo debe preguntarse.

 

 

Para Ferrer San Segundo el ROP mordaza de Ribó “es opuesto al espíritu y la letra de la recomendación efectuada por el Síndic de Greuges que la Alcaldía dijo aceptar, alejándose completamente de los objetivos del vigente Reglamento de Gobierno Abierto que señalaba la recomendación del Síndic y supone un ataque sin precedentes en esta ciudad a los derechos fundamentales de los representantes de los ciudadanos (art. 23.1 CE)”.

La portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, afirma el nuevo ROP aprobado hoy:   “es una nueva cacicada del Gobierno de Ribó y PSOE, en tantos años de gobierno popular, con mayoría absoluta, nunca se impidió de este modo la tarea de control de la oposición y recogida en la Constitución”.