El Síndic de Greuges investiga a Igualdad por "bloquear" la salud mental

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite las quejas presentada por la Asociación Empresarial de residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) por el bloqueo producido en el sistema de atención a salud mental y dependencia por la entrada en vigor, el mes de agosto pasado, del Decreto 102/2022. La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene ahora un mes para dar las explicaciones pertinentes sobre como afecta este decreto a las personas que necesitan una atención específica en salud mental.

El Decreto 102/2022 limita el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta el mes de Agosto se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concede solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellas ser atendidos por falta de recursos económicos.

Además, esta situación está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona.

Por otro lado, limita la ayuda de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda.

Al mismo tiempo, no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia.

Sin fecha de reunión con Aitana Más

AERTE también ha explicado que se encuentra a la espera de una reunión con la vicepresidenta Aitana Mas, tras la concentración que se produjo el pasado 16 de Febrero a la que acudieron más de 500 personas, entre profesionales, personas usuarias, asociaciones de familiares y entidades en protesta por esta situación.

“El mismo día de la concentración pedimos una reunión con la vicepresidenta, ya que consideramos que es la persona que puede desbloquear esta situación. Parece que la Conselleria quiere acabar con las viviendas supervisadas, a pesar del extraordinario resultado que han dado para apoyar los procesos de rehabilitación de las personas. Si no conseguimos avances, tendremos que seguir concentrándonos” afirmó el presidente de AERTE.