La Comunitat: sin financiación justa

Entre polémicas inauditas tendentes al constante cuestionamiento institucional del Estado Constitucional y la propuesta de armonización fiscal de una Esquerra Republicana de Catalunya que en el año 2009 perpetró, junto al Partido Socialista, la aprobación de un sistema de financiación autonómico que todavía padecemos los valencianos en lo que constituye la discriminación territorial más objetiva y evaluable que se conoce, pasan los días.

Mientras, el debate sobre la financiación de la comunidades autónomas se aparca a conveniencia de un gobierno, el de Sánchez e Iglesias, que parece preocupado por otros asuntos quizás menos mundanos, mientras Puig juega a ser estadista de gira por la súbita República Catalana y Baldoví por enésima vez apoya unos presupuestos a cambio de más bien nada.

Todo ello en un contexto en el que el vicepresidente del Gobierno dice textualmente haber conjuntado una mayoría para la dirección de Estado, excediendo por tanto con esa afirmación lo límites tradicionales de una mayoría legislativa que pueden alcanzar únicamente más allá de su propia función a sustentar o denegar la confianza al ejecutivo.

Autonomía como sinónimo de financiación en tanto que sin una no es posible la otra, cohabitación comprendida en la Estado de las Autonomías como la posibilidad de gobiernos de distintos niveles territoriales cuyas urnas designen un color político en su caso distinto que respeten sus ámbitos competenciales partiendo de un principio de lealtad institucional. Constituye este entramado una arquitectura institucional posible que emana de un título octavo de la carta magna inspirado en la idea del Estado integral demasiadas veces mentado y tan pocas veces argumentado.

Una tendencia, a la que responde la mal llamada armonización fiscal, la de la invasión de competencias autonómicas para imponer criterios ideológicos, que no es algo nuevo en el Partido Socialista Obrero Español.

Cabe recordar que fue el presidente Rodríguez Zapatero el que interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la ley valenciana de custodia compartida por no estar de acuerdo con su contenido, contraviniendo una competencia que la Comunitat Valenciana había asumido con el consenso estatutario de 2006 refrendado en Les Corts y el Congerso. Desencadenó, de facto, la derogación de toda la legislación de derecho civil valenciano y condenando al fracaso la reintegración de una seña de identidad originaria y fundacional como el derecho foral.

Y mientras el humo y las excusas se suceden, o simplemente, como espetó la ministra Montero en sede parlamentaria: “No enredemos. No inventemos problemas que no existen. Simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos”.

Y aunque más bien somos todos los que no necesitamos al virus, el supuesto enredo consiste en que por el hecho de vivir y trabajar en algún municipio de Castellón, Valencia o Alicante percibimos menos fondos para que la administración pueda destinar servicios básicos de educación, sanidad y bienestar social.

Mientras, esa misma administración autonómica decide expandirse en un momento de contracción económica,  y en ejercicio de su legítima autonomía competencial nos sube los impuestos a los contribuyentes en una política fiscal asfixiante  y cortoplacista alejada de la máxima de que grabar más no significa recaudar más.

*Abogado