Así justificó el gobierno el nombramiento del imputado Rubio, ahora detenido

¿Cómo valora el Ministerio de Justicia el nombramiento como subdelegado del gobierno de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana a Rafael Rubio, investigado por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación?

Esta pregunta la trasladó el senador por Valencia del Partido Popular Fernando de Rosa en julio de 2020 a la Comisión de Justicia del Senado. Por aquel entonces acababa de ser nombre Rafael Rubio para el cargo de subdelegado del Gobierno en Valencia. Vinculado a responsabilidades institucionales en el PSOE desde hace décadas, como diputado o concejal en el Ayuntamiento de la capital, Rubio había ocupado en los últimos años un cargo de directivo del Consistorio a propuesta del PSPV-PSOE y muy cercano a la vicealcaldesa, Sandra Gómez.

La designación sorprendió. Sustituía a un subdelegado de perfil más técnico, como el policía Roberto Cachorro, y lo hacía de la mano del ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, persona que ha ejercido la máxima autoridad desde su cargo para escoger a militantes socialistas afines para los más altos puestos en Delegación del Gobierno.

En la comisión, tal como refleja el diario de sesiones de 5 de noviembre de 2020, el senador De Rosa ya advertía que la investigación se centra "en un hecho de malversación, de nepotismo mediante desdoro, menosprecio y sacrificio del interés público".

Correspondía responder a Rafael Pérez Ruiz, magistrado de profesión y secretario de Estado de Seguridad, que trató de evitar una respuesta directa insistiendo en que no cometería injerencias en la labor judicial.

No obstante, Fernando De Rosa insistió al recalcarle que "no le estoy preguntando su opinión; estoy pidiendo su valoración". Pérez Ruiz prosiguió en la misma línea de no defender a Rafael Rubio. "Solo puedo ratificarme en mi respuesta anterior y, por respeto al procedimiento judicial, no opinar", señaló.

Y en esa falta de opinión y de respaldo al nombramiento quedó la intervención del secretario de Estado de Seguridad, número dos del ministro Grande-Marlaska, de quien fue director de gabinete en la anterior legislatura.