| 24 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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El director Antifraude muestra su enfado por el “inaudito” trato del Consell

El mismo día en que a Llinares le llegaban felicitaciones por el trabajo que desarrolló en el llamado “Caso Palau”, denunciaba que el Consell y Les Corts no atienden sus peticiones.

| M. Ortiz Edición Valencia

Joan Antoni Llinares, el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, no esconde su malestar contra un Consell que le nombró con rango de autoridad y sueldo de Director General hace ocho meses, pero que sigue sin dar respuesta a sus necesidades  de contar con una sede dónde poder desarrollar la actividad que le encargaron Les Corts Valencianes por mandamiento de su Pleno.

El mismo día en que a Llinares le llegaban felicitaciones por el trabajo que desarrolló tiempo atrás al levantar las alfombras de Convergéncia Democràtica de Catalunya, CDC, en el llamado “Caso Palau”, el alzireño aprovechaba su presencia en los medios de comunicación valencianos, para poner en conocimiento público otra realidad: Que a él no se le está haciendo “caso” en lo que solicita ante  la administración autonómica valenciana.



Así mientras la Audiencia de Barcelona  condenaba a CDC  por financiación irregular de Convergència, conocida popularmente como el 3%  y que tanto investigó Llinares en su etapa catalana  como mano derecha de Ada Colau, los medios daban a conocer que la Agencia Antifraude valenciana sigue sin funcionar a pleno rendimiento.

Un hecho que Llinares ha calificado de  “inaudito”. Según asegura, sus peticiones ante Les Corts  y en el Consell, no se atienden. Desde que llegó al cargo se le asignó un despacho provisional en el Palau de la Generalitat y allí continúa junto a su equipo a pesar, según dice, de las peticiones reiteradas que ha hecho ante sus “superiores”.

Sostiene que las reducidas dimensiones de ese despacho  y la ausencia de los equipos informáticos necesarios, imposibilitan que se sumen al proyecto la treintena de trabajadores que solicitó en su día, para el normal funcionamiento de la Agencia Antifraude. Por lo que ha traslucido, ni la Dirección General de Patrimonio ni Les Corts han encontrado un sitio donde acomodarlos.

Precisamente esta “falta de atención” institucional hacia sus necesidades,  es la base del argumentario usado por Llinares para “justificar” la decisión que ha tomado sobre la sede que necesitan: La de alquilar por 10.000 euros al mes unas oficinas de 679 metros cuadrados en la calle Navellos de Valencia. Un hecho que al conocerse públicamente ha suscitado bastante controversia.

Según sus propias palabras en Radio Valencia Cadena SER “la polémica esta generada por una situación realmente inaudita. Por lo tanto entiendo que haya polémica. No me veo yo cuando se constituyó la Sindicatura de Comptes o la Sindicatura de Greuges,  el Consell Juridic Consultiu o la Acadèmia Valenciana de la Llengua y tantas otras instituciones, no me veo yo, a los directores buscando locales”.

Un “agravio comparativo” que parece ha terminado por agotar al abogado. El funcionamiento anual de este organismo  que “se crea para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas y para impulsar la integridad y la ética pública” costará 2.590.000 euros anuales  en 2018. Una inversión que en sus tres primeros años de vida superará los 9 millones de euros.