Demoler el edificio de Agrónomos, nuevo atentado contra el patrimonio valenciano

Fuentes bien informadas sostienen que esta vez es un capricho político del propio presidente Ximo Puig y su inefable consellera de Sanidad. Sea como fuere lo cierto es que una nueva patata caliente en materia de la debida protección del patrimonio sobrevuela una licencia municipal tras la más que curiosa autorización de la Dirección General de Patrimonio que ostenta Carmen Amoraga.

Se trata de la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos, de la que fue autor el prominente arquitecto Fernando Moreno Barberá, el mismo de la Universidad laboral de Cheste y la Facultad de Derecho entre otras obras reconocidas como patrimonio cultural contemporáneo por Docomomo, el organismo internacional que se ocupa de la protección de la arquitectura moderna.

Construida a finales de los cincuenta, unos treinta años más tarde contó con una cuidadosa ampliación dirigida por el catedrático Miguel Colomina, reconocido maestro de la arquitectura valenciana, y en 2009 mereció ser incluida en el registro de Docomomo Ibérico. Y consta en el
catálogo de bienes protegidos del Plan General de Valencia con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL), que sigue en importancia a los denominados Bienes de Interés Cultural (BIC).

Por insólito que parezca, el Informe favorable a la demolición de parte del conjunto elaborado por la Dirección General de la conselleria de Vicent Marzá, empieza con un párrafo referido a la pandemia y la “situación de emergencia de salud” a la que nos enfrentamos y, con la misma urgencia, en apenas diez días se cuenta ya con el resultado. En un intento de reducir formalmente el impacto de una autorización que soslaya de forma descarada el procedimiento habitual, el enunciado del informe hace mención a unas “naves” posteriores, cuando expertos consultados las consideran
de especial interés patrimonial dentro del conjunto.

Cuando no se he cerrado la polémica por la intervención, también con cierta alevosía y nocturnidad fáctica, en la plaza del Ayuntamiento, se abre este nuevo frente que según fuentes consultadas por ESdiario ha escandalizado en ámbitos docentes (Escuela de Arquitectura), profesionales (Colegio de Arquitectos) e institucionales (Consell Valencià de Cultura). Más cuando también está sobre la mesa el exceso de celo de la administración en el caso de la fachada del Cine Metropol, amparado
principalmente en la Ley de Memoria Histórica.

Lo cierto es que la política cultural del Botànic 2 parece circunscribirse, según las formaciones de la oposición, a la protección del catalanismo con sustanciosas subvenciones y a la salvaguarda de sus obsesiones ideológicas, con un nada fino desprecio de la cultura valenciana propiamente dicha.

No será de extrañar que este nuevo episodio de ignorancia del patrimonio cultural valenciano acabe en los juzgados como ocurriera con los grafitis del Convento del Carmen u otras atrevidas intervenciones bendecidas por la administración socialista y de Compromis, y por la recalcitrante cultureta local.