Los Puig: entre la tercera ola de la pandemia y las adjudicaciones públicas

Mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia nuevas medidas para tratar de afrontar una tercera ola de la pandemia que está desbordando ya las urgencias de hospitales valencianos, su hermano, Francis, se enfrenta a una sanción económica.

En este caso, la de la Comisión de Defensa de la Competencia en un frente más de sus negocios con diferentes administraciones públicas, especialmente boyantes desde que gobierna el Botànic. En concreto ha sancionado a empresas vinculadas a su hermano, Francis Puig, y sus socios por constituir un cartel para pactar precios en una licitación para la televisión pública À Punt

"Las empresas han perseguido un beneficio ilícito consistente en tratar de asegurarse la adjudicación de los contratos simulando una inexistente intención de concurrir en competencia a los mismos".

El modus operandi

El informe emitido por la Comisión de Defensa de la Competencia que pone en entredicho los contratos adjudicados a la empresa de Francis Puig, hermano de Ximo Puig, president de la Generalitat, arroja frases contundentes del modus operandi de lo que califica como cartel de empresas para asegurarse esos contratos.

"Se ha constatado que la actuación de las cuatro

El Gobierno de Puig sanciona a las empresas audiovisuales del hermano del presidente

empresas investigadas ha falseado el juego de la competencia en la licitación del expediente para la Contratación del servicio de recursos  audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG (Expte CNMY19/SAMC/02) de la SAMC  (Sociedad Anónima de Medios de Comunicación)", continúa afirmando el informe sin ningún tipo de duda.

La sanción y reprobación

Comunicacions del Ports, la empresa del hermano del president, ha sido sancionada con 16.801 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia, mientras que Canal Maestrat y Kriol Comunicación, de la familia Adell Bover, con otros 26.103 euros. Comunicacions del Ports ya ha anunciado que recurrirá.

La base de la sanción consiste en esa práctica de concurrir a adjudicaciones pactando precios en sus ofertas. "Merece la máxima reprobación las conductas de quienes están dispuestos a realizar bajas cercanas al 30% y se ponen de acuerdo para realizarlas del orden del 3%, dividiéndose entre los
participantes ese ilícito beneficio, que no se puede ocultar resulta paralelo al perjuicio que a la Administración que convoca el concurso, y en definitiva al conjunto de los ciudadanos, ocasiona", señala el tribunal en su resolución condenatoria de esa práctica, en la que deja claro el perjuicio para la ciudadanía al ofrecer un servicio por un precio que podría resultar más bajo pero que no lo es por ese acuerdo.

“Resultan inaceptables los argumentos esgrimidos por algunas empresas de que este tipo de colusión no afecta significativamente a los consumidores o de que en ausencia de ella el resultado hubiera sido el mismo", reafirma la comisión en su dictamen.

"Suprimen o reducen la competencia entre empresas competidoras, impidiendo a los clientes beneficiarse de menores precios o mejores condiciones que resultarían de la competencia efectiva entre oferentes", recalca el informe sancionador.

"La conducta analizada constituye una infracción única por objeto del artículo 1 LDC, constitutiva de cártel, consistente en un reparto de los lotes 1, 2 y 3 de la licitación para la Contratación del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG (Expte CNMY19/SAMC/02) de la SAMC, mediante la presentación coordinada de ofertas idénticas", apunta la resolución.

Participación acreditada de la empresa de Francis Puig

La Comisión deja claro que "la participación de Comunicacions (la empresa de Francis Puig) en el cártel ha quedado acreditada. La valoración conjunta de la prueba obrante en el expediente permite concluir su participación en el mismo, junto con las otras tres empresas investigadas. Todo este material probatorio e indiciario lleva a la inferencia de la comisión de una conducta colusoria, la cual no ha quedado desmerecida por las alegaciones de las partes. Y, por tanto, no se produce vulneración del derecho a la presunción de inocencia".

Ximo Puig se exime

Mientras, el presidente de la Generalitat se ha eximido hoy de nuevo, como viene sucediendo cada vez que saltan a la palestra los negocios de su hermana, de cualquier responsabilidad. "En el caso del presidente de la Generalitat, no le afecta para nada esta cuestión", ha señalado sobre él mismo. "Es un funcionamiento absolutamente normal y lo que corresponde es que continúe ese procedimiento y quienes sean responsables en el futuro tengan que dar cuenta si procede", ha afirmado sobre la sanción.

Y el PP pide responsabilidades

El PP no opina lo mismo, como ha señalado su vicesecretaria general, Eva Ortiz. "Mientras los hospitales están saturados y la situación económica es grave, hay gente favorecida por el hecho de ser hermano del presidente de la Generalitat. La resolución por la que la Comisión de Defensa de la Competencia condena a las empresas del hermano de Puig es una vergüenza. Ya no puede aducir desconocimiento sobre las empresas de los socios de sus hermanos, con el padre y el hijo implicados. Hablamos de un cartel constituido por la familia del presidente de la Generalitat", afirma el diputada autonómica del PP.