| 01 de Febrero de 2023 Director Antonio Martín Beaumont

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Joan Baldoví y Aitana Mas.
Joan Baldoví y Aitana Mas.

Compromís celebra la derogación del delito de sedición como "espacio de diálogo"

Los nacionalistas valencianos califican de "acierto" la decisión del Gobierno de Sánchez de reformar el delito de sedición.

| Sonia García Edición Valencia

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas (Compromís), ha considerado que la reforma del delito de sedición que ha planteado el Gobierno a petición de ERC para favorecer el diálogo en Cataluña servirá para "homologarse" a la mayoría de derechos penales de los países europeos lo que considera un "acierto que refuerza derechos fundamentales y libertades públicas".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha manifestado que el Gobierno valenciano "siempre está por la convivencia y por generar espacios de diálogo y no de confrontación".

Además, ha considerado que existe una "mayoría clara en España que quiere menos represión y más libertad".

Las declaraciones de la vicepresidenta reafirman la postura de los nacionalistas de Compromís que venían reivindicando la necesidad  de un cambio en la regulación del Código Penal como ha manifestado en múltiples ocasiones el diputado en el Congreso Joan Baldoví. 

El planteamiento del Gobierno es derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión -frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación de 6 a 8 años -frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual-, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.

El texto consigue esta rebaja tras eliminar el artículo 544 del Código Penal -que define el delito de sedición- y modificar el artículo 557 para dar lugar a lo que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó "desórdenes públicos agravados".

Entre las principales modificaciones, se introduce una "modalidad agravada de desórdenes públicos". Para ello, el texto propone que "el delito de desórdenes públicos sea cometido por una multitud cuyas características -número, organización y finalidad- sean idóneas para afectar gravemente el orden público, entendido como el normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos".

"Se configura, así, como un tipo de peligro que, aunque no exige que el orden público llegue a verse efectivamente afectado o impedido, sí requiere que se hayan dispuesto los elementos de una forma adecuada para haberlo puesto en peligro", señala la proposición.

De esta forma, el PSOE y Unidas Podemos consideran que "el bien jurídicos del orden se convierte en el centro de esta figura penal, evitando problemas de imprecisión jurídica existentes hasta ahora"