Gerardo Rueda en el IVAM: ¿originales, copias, o viceversa?

El Juzgado número 21 de Valencia lleva algún tiempo dirimiendo si las ocho “originales” de Gerardo Rueda que compró el IVAM en tiempos de Consuelo Císcar eran o no dignos de ser llamados así. Y por tanto, si valen lo que costaron, tres millones.

Como se trata de una cuestión artística tamizada por la técnica y adobada de economía con ribetes políticos, parece que lo mejor es acudir a los expertos. Eso ha hecho la juez.

Dos peritos del Ministerio de Cultura y el Reina Sofía -Begoña Torres y Rosario Peiró-, citados por la instructora, dicen que esas obras son “no originales” porque ni consta voluntad del autor para la reproducción, ni se dan los requisitos mínimos para la misma.

Lo que pasa es que luego llega José Luis Rueda, el hijo del artista y su heredero universal-, y aporta dos documentos que parecen desmentir que no hubiera tal voluntad. El primero de ellos es una autorización del artista para “producir, exponer y comercializar” ejemplares numerados de sus esculturas, con “expresa libertad para cambiar las escalas y materiales según la conveniencia y necesidad que estime oportuno”. Estaríamos hablando por tanto, en la mayoría de piezas y según el abogado de Rueda, de “pruebas de autor” que tendrían la consideración de “originales”.

La objeción de las peritos en segunda instancia ha sido interpretar que dicho documento es demasiado genérico para poder considerar a la adquirida por el IVAM como “obra original”, y que por tanto estaríamos ante interpretaciones libres del hijo del escultor. Ellas defienden que todas las piezas son copias póstumas que “interpretan” las obras de Gerardo Rueda (fallecido en 1996), y que fueron vendidas como “originales” al IVAM casi diez años después. Pero también reconocen que “si un artista ha dejado instrucciones claras sobre la fundición, las obras póstumas serán legales y válidas”, y que son obras póstumas aquéllas en que “exista constancia documental que refleje la intención del autor en este sentido”.

El segundo de los documentos esgrimidos por José Luis Rueda es una autorización al hijo para llegar a acuerdos con el IVAM, y con el Reina Sofía a la sazón dirigido por el actual ministro de Cultura en funciones, José Guirao. A quien, por cierto, el abogado Javier Gómez Bermúdez ha vuelto a pedir su citación como testigo por haber sido -cuando se firma el contrato con el IVAM en 2006- miembro del Patronato de la Fundación Gerardo Rueda, y también director del Museo Nacional Reina Sofía cuando éste adquirió obra de Gerardo Rueda.

El ahora ministro socialista en funciones escribió en el catálogo del IVAM conmemorativo del décimo aniversario de la muerte de Rueda que el museo “ha dado un acertado paso a la hora de valorar la escultura dentro de su producción, adquiriendo algunas de sus piezas más importantes (…) También el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía realizó hace casi una década una importante adquisición de obra de Gerardo Rueda” con “posterioridad a su muerte”.

Pero hay más peritos en liza. Consuelo Císcar propuso a Jaime Lavagne, experto y tasador de arte para aseguradoras, con categoría profesional de perito judicial, que defiende que las obras son “perfectas”, y no simples “copias” hechas diez años después de la muerte del autor por la Fundición Capa con la dirección del hijo y el conocimiento del IVAM. La tesis es que estaría admitido que el “derechohabiente” mantenga las prerrogativas del autor a la hora de reproducir obra original, incluso modificando tamaños, técnica o materiales. Más, existiendo autorización expresa para ello.

También Josep Salvador, ligado al IVAM y designado perito judicial por la instructora, ha sido escuchado. Salvador ha declarado en el juzgado que la obra en litigio no puede ser considerada original, aunque su firma figura en el acta de la reunión en la que se decidió su incorporación, reunión a la que dice no haber asistido. Sus superiores le habrían puesto luego el documento a la firma.

A los investigados -Consuelo Císcar, José Luis Rueda y el ex-directivo del museo Juan Carlos Lledó- se les pidió una fianza de cuatro millones de euros, con embargos preventivos de bienes. Una fuente próxima a uno de ellos presume que la Abogacía de la Generalitat -que ejerce la acusación particular- mantendrá “aun sin argumentos” (considera que ya no los hay) la acusación.