Alcaldes de Castellón piden al Gobierno que asuma el coste de las desaladoras

El PP de la provincia de Castellón no quiere que sus alcaldes sigan pagando por las desaladoras. Cargos de la formación han mantenido, recientemente, diversas reuniones para alertar de su preocupación por esta cuestión y han trasladado  a los parlamentarios nacionales su temor por el efecto y las consecuencias que tiene, ya que, tal y como ha advertido el primer edil de Moncofa, Wences Alós, "el acuerdo impuesto por el PSOE hipoteca el futuro de los cinco municipios afectados", que son el suyo además de Xilxes, Oropesa, Cabanes y Benicàssim.

Para los populares castellonenese, ha sido el PSOE “ los que nos han metido en este lío”, tal como ha manifestado el diputado nacional del PP en Castellón, Óscar Clavell, y consideran que el gasto es inasumible "y el Gobierno debe implicarse y tomar medidas".

El ejecutivo central quiere que sean los ayuntamientos los que paguen las obras (106 millones de euros solo en el caso de la provincia), pero eso, a juicio de los ayuntamientos gobernados por el PP, es "un grave perjuicio", puesto que el agua "se destina no solo a los vecinos de las localidades en las que están las plantas desaladoras".

El PP de la provincia de Castellón considera que los socialistas fueron los que obligaron a sus ayuntamientos a firmar "unos convenios leoninos", impulsados en la época del Gobierno de Zapatero y que “eran un chantaje porque si no los firmaban, no les permitían instalar empresas ni dar permisos de obra a los ayuntamientos”. Sin embargo, 15 años después, “la realidad urbanística y de futuro de las localidades es otra y desde el PP reclamamos que, como hizo el PSOE en Cataluña, asuma el coste de las desaladoras” atendiendo a “criterios de igualdad”, han manifestado.

Además, los populares castellonenses recuerdan que, en el caso de que otras poblaciones quieran conectarse a las desaladoras, el coste lo deben seguir pagando los cinco ayuntamientos afectados: Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Xilxes y Moncofa.

Los alcaldes afectados dicen, por su parte, que “el plan estrella del PSOE está ahora siendo investigado por la Justicia ya que parece ser que el coste de las desaladoras era para financiar al Partido Socialista, según investiga la Justicia”. Por ello, desde el PP de Castellón se exige “soluciones a corto plazo para los municipios perjudicados”.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, considera que “el PP lo que pide es muy sencillo, que nos traten de la misma manera que a comunidades vecinas, ya que los ayuntamientos no podemos soportar esta carga económica”. Por ello, exige al gobierno de Pedro Sánchez que se haga cargo de dichos costes.