El Ayuntamiento traslada a un policía por recoger mascarillas en Levantina

La falta de medios de prevención que durante los últimos días ha venido denunciando la Policía Local de Valencia ha hecho que una conocida empresa de seguridad, Levantina Seguridad, tenga que 'echar una mano' a los gentes, ante la precariedad y el miedo a los contagios por coronavirus.

Este lunes, dos miembros de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) de la Policía Local de Valencia acudieron a 'Levantina' a recoger material de prevención con motivo del estado de alarma. los agentes tenían autorización de su intendente para recoger dicho recoger el material y hacerse una foto con la persona que lo entregaba, José Luis Roberto Navarro, fundador de la empresa de seguridad y Presidente de España 2000-Respeto en la Comunidad Valenciana. 

Esa misma mañana, según relata Roberto en su cuenta de Facebook, "alguien le pasó la foto publicada en mis redes al concejal socialista Aaron Cano -concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia- que debió entender que la persona que realiza la entrega no era persona digna (menor consideración que Delcy Rodríguez que es recibida por un ministro) y llamó al comisario Herrera y entre él y el comisario Lasheras decidieron plegarse a la irregularidad planteada por el político y cesar de esta unidad al agente Raúl Vara (el de la izquierda de la foto)". 

La decisión de cesar al agente Raúl Vara, según fuentes consultadas por este diario  tal como señala el fundador de Levantina de Seguridad en sus redes sociales, "ha sido una decisión política, ya que  los agentes actuaron con la autorización de su intendente".
El departamento de Recursos Humanos de la Unidad de Convivencia y Seguridad, apunta, sin embargo, que en el convenio que regula a dicho cuerpo de la Policía Local se recoge "se debe comunicar al interesado, con tres meses de antelación, la nueva situación a la que se le someta".
Sin embargo, los comisarios Herrera y Lasheras, "erre que erre, han decidido cesarlo esta mañana por necesidades del servicio, según explica en su escrito en Facebook el fundador de Levantina de Seguridad. 

Lo cierto es que hasta cinco sindicatos distintos de funcionarios y personal del Ayuntamiento de Valencia se unieron ahce unos días contra la gestión del alcalde Joan Ribó en esta situación e hicieron público un comunicado conjunto en la que le exigieron proteger la seguridad de los empleados municipales.

UGT, CC.OO., STAS Intersindical Valenciana, CSIF y SPPLB denunciaron que el Ayuntamiento de Valencia "incumple la ley de prevención de riesgos laborales". 

Desde el inicio de la crisis del Covid-19, el consistorio no ha contado con los representantes del personal y los sindicatos aseguran no han participado en ningún caso en las decisiones que se han tomado. "Es más, no hemos sido ni convocados, ni oídos y, por si fuera poco, nos enteramos de cualquier decisión (unilateral) al tiempo que se publica, a veces después. Cada una de sus decisiones han sido contestadas con la prudencia debida por la situación en la que nos encontramos, no recibiendo ningún tipo de contestación a nuestras sugerencias".

Asimismo, denunciaron también que los delegados de prevención estarán muy vigilantes respecto al cumplimiento de las distancias que aconsejan las autoridades sanitarias. Muy especialmente, respecto a que el personal cuente con los Equipos de Protección Individual necesarios, cuya carencia persiste a día de hoy en algunos servicios, como aseguraban en el comunicado.

Escrache a Mónica Oltra

"Unas EPIS resultan imprescindibles para realizar las distintas actividades profesionales sin poner en riesgo nuestra integridad y la de la ciudadanía. La tardanza en reaccionar en esta grave crisis por parte del Servicio de Medicina Laboral y la Concejalía responsable, solo ha provocado la falta de medios de prevención". 

El dueño de Levantina de Seguridad fue  quien protagonizó un escrache frente a la vivienda de la vicepresidenta Mónica Oltra. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llíria absolvió a los cuatro acusados de España 2000 de coacciones y amenazas. La Fiscalía de Valencia había estimado la protesta como un  delito de amenazas leves.