Juicio a alcaldes y cargos de PSOE y Compromís por desviar un millón de euros

El Juzgado de Instrucción 9 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de Valencia, el ex socialista Jorge Rodríguez, y otros 14 investigados más por las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado aprecia indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de esos contratos por intereses partidistas para favorecer a afines del PSPV y Compromís. El auto, notificado este miércoles a las partes, cifra en 1.122.095 euros el perjuicio paras las arcas públicas.

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La causa cuya instrucción se da por finalizada comenzó mayo de 2018 por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Rodríguez fue detenido el 27 de junio de ese año cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación por el PSPV. El 2 de julio anunció que dejaba la presidencia de la corporación provincial aunque se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con la nueva formación La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV. Rodríguez por cierto arrasó en las elecciones de 2019 pese a su imputación y su salida del PSOE. Uno de los 14 investigados que se sentará en el banquillo, Salvador Femenía, alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, sigue siendo miembro del PSOE sin que este partido le haya pedido la renuncia a su cargo de alcalde o la expulsión del partido. Femenía lleva más de 20 años con alcalde.

Ahora, el magistrado instructor, que da así por concluida la investigación, aprecia indicios de delitos continuados de malversación y prevaricación en la actuación de los encausados y cifra en 1,1 millones de euros el perjuicio generado a las arcas públicas.

Orengo y Vera quedan fuera

Además de Rodríguez y Femenía, se sentarán  en el banquillo la mano derecha de Rodríguez, Ricard Gallego. Al igual que los socialistas Jorge Espirindio Cuerda, Manuel Reguart, Vicent Xabier Simó, José Ramón Tíller, Miguel Angel Ferri, Manuel Carot, Víctor Jiménez y Vicente Lucas Ferrando. Imputados están también personas vinculadas a  Compromís como Víctor Jiménez, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero y Maria Soledad Torija.

Sin embargo, quedan fuera de la causa el que fue ex jefe de Gabinete, José Manuel Orengo, y el abogado José Luis Vera, personas del entorno del presidente Puig. Precisamente a Vera el diario Las Provincias le dedica hoy una entrevista a toda página.

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Desvío de fondos para "enchufados" 

"En el caso que nos ocupa, se ha infringido, presuntamente, este ejercicio de legalidad y mandato, en la cabal y correcta aplicación de los fondos públicos encomendados a las autoridades o funcionarios públicos", precisa en un auto notificado este miércoles a las partes. En concreto, el instructor señala una "contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018".

Dichas contrataciones, añade, supusieron "un presunto desvío y con ello malversación de caudales en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís".

El magistrado considera que los contratos de alta dirección se realizaron con la intervención de los gerentes de la empresa pública "y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio presidente de la Diputación Provincial y presidente del Consejo de Administración de Imelsa y de su equipo más cercano".

El auto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.