| 28 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Investigación Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
Macarena Olona junto a la portavoz de VOX en Les Corts, Ana Vega
Macarena Olona junto a la portavoz de VOX en Les Corts, Ana Vega

Macarena Olona (Vox) acude a la Agencia Antifraude que controla Podemos

El organismo presidido por Joan Llinares ha celebrado su quinto aniversario con la visita 'sorpresa' de la diputada nacional de VOX

| Jonathan Martínez Edición Valencia

Hoy era un día de celebraciones en la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo que preside Joan Llinares por exigencia de Podemos cumplía su quinto aniversario en una jornada de debates donde la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas se ha convertido en el hilo conductor del coloquio entre los ponentes. Al evento también se han acercado los portavoces de los diferentes grupos que componen el arco parlamentario valenciano, ya que este organismo nace y obedece al cumplimiento del mandato recogido por Les Corts.

Aunque para sorpresa de propios y extraños, Vox se ha convertido en el protagonista de la jornada con la visita ‘estrella’ de su portavoz y secretaria general del grupo en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona. Nadie se lo podía creer. Entre otras cosas, porque la diputada nacional no había avisado de su presencia ni a la institución ni a los propios periodistas, intentando así pasar de ‘puntillas’ en el acto a sabiendas de las consecuencias mediáticas que podría acarrear su participación en el mismo. Y es que tanto la institución como su presidente Joan Llinares siempre han mantenido un estrecho vínculo con la formación liderada por Ione Belarra, además de ser objeto de críticas en Vox por su vinculación personal con exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado a once años de inhabilitación por prevaricación, y el ingeniero italo-francés Hervé Falciani, exasesor de la filial suiza del banco HSBC que filtró los datos de miles de defraudadores. Ambos han colaborado con la Agencia Valenciana Antifraude en calidad de miembros del consejo de participación. Del mismo modo, la formación de Abascal le ha reprochado que la empresa Arquilab SL, vinculada al diputado de Teruel Existe en el Congreso Tomás Guitarte, haya recibido 120.000 euros al año en concepto de alquiler de las oficinas donde se ubicaba la sede provisional de la Agencia Valenciana Antifraude.

Antes de su designación al frente de la Agencia impulsada por Podemos, Llinares ya colaboraba con los servicios de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau y fue director del Palau de la Música de Barcelona tras la destitución de Félix Millet y Jordi Montull. Una vez al frente del organismo valenciano ha tenido que ir ‘esquivando’ los reproches de la oposición y de algún que otro informe que ponía en entredicho su gestión. El último a principios de año en el que la Intervención de la Generalitat le recriminaba que el 57% de los cargos fuesen elegidos a dedo, algo más que cuestionable teniendo en cuenta que la entidad debe perseguir la ejemplaridad en las conductas de todos los departamentos.

No en vano, Macarena Olona ha defendido a través de una nota de prensa que uno de los objetivos compartidos entre Vox y la Agencia Valenciana Antifraude es precisamente la lucha contra la corrupción y reivindicar las medidas de “regeneración democrática” que necesita España pero que no se han implantado “por falta de voluntad política”. En este sentido, recuerda que  la primera ley que VOX registró en el Congreso en  el año 2019 fue una ley integral de protección de los denunciantes de  corrupción que creaba en su articulado una Agencia Nacional de Protección de los Denunciantes de Corrupción y de lucha contra la misma, dado que es el modelo que  VOX sostiene que debe implementarse en España para lograr una mayor efectividad”. 

“Declaraciones como las que formularon en su  día el PP en la Comunidad Valenciana calificando este tipo de agencias como Gestapo,  o prometiendo su eliminación cuando lleguen al poder en la Comunidad Valenciana, son  una muestra de la falta de voluntad política de crear instrumentos efectivos que pongan  coto a la corrupción política, tanto la que constituye delito como la que constituye infracciones  administrativas”, apostilla Olona.