Gürtel: ¿Juicio al PP valenciano o a veinte acusados?

El PSPV disparaba la semana pasada pidiendo la ilegalización del PP valenciano y sostenía que el ex presidente Francisco Camps era el eslabón perdido, la "x" que tantos años llevamos buscando, en palabras de la dirigente socialista y abogada, Ana Barceló. Todo ello a raíz de la declaración del cabecilla y preso Francisco Correa quien ha llegado a un acuerdo con anticorrupción para que atenue su condena a cambio de sostener que el PP pagó con dinero negro las campañas electorales.

Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación particular, dejan claro de esta forma que los acusados Vicente Rambla , Ricardo Costa o David Serra, son caza menor. El objetivo siempre ha sido el PPCV y Camps.

El juicio de la tercera rama del caso Gürtel se inicia hoy en la Audiencia Nacional con 20 acusados. Camps no está entre ellos y se supone que ha sido investigado de forma concienzuda durante los nueve años largos de trabajo de la Udef y de la fiscalía anticorrupción. Como tampoco están entre los acusados Luis Bárcenas u otro destacado dirigente nacional responsable de las cuentas de la organización. Una cuestión que no parece menor: El PP no está en el banquillo como partido político.

El ex jefe del Consell, absuelto por un tribunal popular del caso de los trajes, comparecerá en calidad de testigo a instancias del entonces jefe de la campaña electoral,Vicente Rambla.

El tribunal deberá determinar la existencia o no de los delitos electorales en la campaña municipal y autonómica de 2007 ( el mejor resultado en votos que no en escaños del PPCV), las generales de 2008 y la supuesta falsificación de documentos mercantiles en la presentación de las cuentas. Existe diferentes interpretaciones respecto a si ha prescrito el delito.

Lo que sí se antoja clave en el proceso, en opinión de distintas fuentes, es que entre los acusados no haya un responsable nacional del partido de las campañas del 2007 y 2008. Rambla, Costa, secretario general del PPCV, y Serra, vicesecretario, están procesados por un delito de colaboración que, en teoría, ha cometido alguien que no está procesado. Las mismas fuentes sostienen que las elecciones municipales se convocan para toda España por lo que estaría en cuestión el "delito electoral municipal" y lo mismo ocurriría con las Generales de 2008. La fiscalía ha incorporado como actos de campaña alguno realizado después de las elecciones por lo que había que recurrir a las sentencias del Tribunal Supremo.

Pero sin duda, la declaración de los empresarios acusados (Enrique Gimeno, Gabriel Batalla, Antonio Pons, Vicente Cotino, los hermanos Martínez Berna, Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Beviá) admitiendo los hechos tras un pacto con la fiscalía anticorrupción complica la situación del resto de acusados. Los empresarios pagaban a Orange Market (Alvaro Pérez, tanto acusado) por unos servicios ficticios, ya que en teoría ese dinero era para pagar los actos electorales del PP. Con todo, habrá que determinar si el dinero era o no en "b".

En la confesión de Correa ante el fiscal se habla de financiación ilegal del PP. Bajo sospecha están dos millones en gastos electorales, la mayoría de las elecciones autonómicas de 2007 (1,1 millones). Un proceso complejo pero en el que, al menos de momento, según las mismas fuentes consultadas, no está en tela de juicio la malversación de fondos públicos o el enriquecimiento por parte de alguno de los acusados. Y habrá que demostrar si los empresarios dieron las "ayudas" para beneficiarse en contratos con la administración autonómica.

Por su parte, la dirección actual del PPCV traslada que el caso corresponde a una etapa anterior. Como si con este argumento, la opinión pública exhonera al equipo de Isabel Bonig. Un argumentario que, para algunos en el partido, se antoja muy débil.