La Comunitat: 2022, ¿año de trámite o año de cambio?

En la columna de enero de 2021, hace un año, nos hacíamos eco de las posibilidades de adelanto electoral que se barajaban en los mentideros políticos valencianos. Dos escenarios posibles primavera u otoño del 2022 que iniciamos.

Parece que en este tiempo transcurrido desde entonces y todo lo acontecido los números no acaban de estar claros en las encuestas que manejan en el Palau y ha tomado fuerza la hipótesis, por plazos viable, de hacer coincidir la convocatoria de Les Corts junto con la locales.

La fuerza de los alcaldes, el miedo a una masiva abstención y el empuje popular que se refleja en los trabajos demográficos abren un  escenario de incertidumbre que nos obliga a preguntarnos si este 2022 será un año de trámite o por el contrario podrá serlo de cambio.   

La situación en la Comunitat Valenciana no es buena. La crisis económica derivada de la pandemia no ha sido contrarrestada con un plan y una gestión eficiente, más bien hemos vivido episodios que acreditan la falta de previsión y rigor a la hora de adoptar medidas que pudieran ser eficientes en el rescate de un sector productivo que ha vivido bajo la mayor presión fiscal posible en el peor momento.

Un ejemplo claro de esta imprevisión son los 335 millones de euros que la Generalitat tendrá que devolver al Gobierno de ayudas a empresas que se han quedado sin conceder. Una auténtica tragedia con la que está cayendo, la inflación por la nubes y el embate de una crisis, que como sucede siempre, tiene un tiempo de efecto más prolongado al de su anuncio.

El señor Puig, en su discurso de año nuevo, posiblemente el más vacío de los últimos años y eso sí el más trabajado estética y simbólicamente, no nos dijo nada absolutamente sobre los grandes asuntos autonómicos agua, financiación e infraestructuras que precisamos resolver si no queremos dejar que la comunidad autónoma se aletargue y vuelva a ser como ya sucedió en  los años ochenta un lugar donde las cosas suceden en blanco y negro, más bien un gris, que describe con precisión esa sensación de dejadez y ausencia de ambición que termina por configurar una lastra insalvable para una sociedad que quiere y tiene derecho a la prosperidad.

El discurso territorial del señor Puig nada en la misma tierra de nadie que sus medidas económicos, más allá de una crítica calculada a la Comunidad de Madrid para crear un enemigo al que achacar los males, no existe una propuesta concreta, un término el de  federalizante que contribuye únicamente al cuestionamiento de las instituciones y del estado autonómico en modo de lluvia fina.

La Comunitat Valenciana precisa de un plan de reactivación económica en la línea de lo que propone Carlos Mazón, pero también necesita de la articulación de un mensaje territorial inclusivo, autonomista de suma al proyecto colectivo que incorpore los grandes asuntos de la agenda valenciana a una dimensión general.

El agua, la financiación justa y las grandes infraestructuras no sólo son cuestiones de orden autonómico son por su naturaleza cuestiones de Estado, su inclusión en la agenda nacional deviene como la base de la estructuración de un discurso territorial que puede ser formulado desde la Comunitat a toda España. La España unida y diversa, constitucional y autonómica como contrapunto a las posiciones a la contrarreforma y la ruptura.