Las dos pruebas de fuego de la delegada del Gobierno y apuesta del Ábalos

El papel que desempeña la persona que dirige la Delegación del Gobierno en una comunidad autónoma suele tener mayor o menor protagonismo en función de cómo lidie con dos factores fundamentales. El primer es el color político de la autonomía en la que ejerce y, sobre todo, si coincide con el del Gobierno, porque, al fin y al cabo, es el delegado o la delegada del Gobierno.

Juan Carlos Moragues, el predecesor de otro Juan Carlos, en este caso de apellido Fulgencio, antecesor a su vez de la actual delegada, Gloria Calero, representaba a un gobierno del PP (el de Rajoy) en una autonomía presidida desde junio de 2015 por el PSOE (Ximo Puig), con lo que los desencuentros resultaban más habituales.

Después llegó Pedro Sánchez y el Ejecutivo nombró a Fulgencio como su delegado en la Comunidad Valenciana. De intermediario entre dos gobiernos del mismo color. Fulgencio pasó con nota, sin meterse en conflictos, con un perfil bajo en cuanto a declaraciones y alto en lo que a omnipresencia se refiere.

Fulgencio empieza en su nuevo destino y vuelve a la órbita del ministro Ábalos

Entró a principios de este año Gloria Calero, en una decisión que sorprendió en el socialismo por la sustitución del intendente de Policía Local por la enfermera. No llamó la atención por las profesiones de ambos, que pueden considerarse más anecdóticas en este caso, sino porque la labor de Fulgencio había sido alabada por las distintas familias socialistas.

Calero aterrizó en el mismo contexto de monocolor político. Pronto llegó la pandemia, con una Delegación del Gobierno que actuaba casi de convidado de piedra ante decisiones que el Ejecutivo nacional tomaba en toda España por igual durante los estados de alarma, sin los matices que se producen en la actualidad.

La delegada se limitaba a refrendar con sus manifestaciones las tesis y decisiones estatales, con mayor o menor acierto. Pasaron los meses y reforzaron su gestión con un subdelegado del Gobierno en Valencia de alto perfil y experiencia política, Rafael Rubio, que podría suponer un buen báculo para una delegada que comenzaba, en un escenario en el que no tenía que actuar demasiado, a demostrar carencias. Una par de fichajes más de empaque en el gabinete asentaron esa tarea.

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La pandemia todo lo abarcaba. Hasta que han emergido un par de rocas en el camino de Calero que, mal gestionadas, pueden suponer algo más que un obstáculo en su trayectoria. En dos semanas, la llegada de inmigrantes y la ocupación, ambas cuestiones en las que tiene competencia Delegación del Gobierno, han irrumpido con fuerza. Y ese factor es el segundo al que aludía al principio del artículo: el contexto. El primero era el color de los ejecutivos entre los que media.

Inmigración

A lo largo de los primeros días del mes comenzaron a llegar extranjeros procedentes de diversos países africanos y, más directamente, desde el aeropuerto de Gran Canaria, a Alicante y Valencia. Sin que ni el Consell ni el Gobierno estatal aportaran apenas información en cuanto a su número o dónde están siendo alojados. Los albergues de entidades que se encargan de acogerlos están llenos y ahora buscan nuevos espacios públicos.

Desde Delegación del Gobierno han aludido a tópicos como acusar de xenofobia a quien les ha preguntado. Una forma provisional de desviar la atención sobre un asunto que se puede desbocar y escapar de las manos. Un par de incidentes más en Paterna han agravado la situación.

La ocupación

La otra roca que le ha aparecido ha sido la de la ocupación y, más en concreto, la actuación policial para desalojar un local invadido para uso social en Benimaclet. La situación llegó hasta el extremo de que Compromís ha pedido incluso explicaciones a la propia delegada por el hecho de que un policía se negara a identificarse ante el requerimiento de una diputada de Compromís que encabezaba las protestas. 

La coalición compromisaria, que siempre se encuentra más cómoda y suelta en las protestas que en la gestión, ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno por el hecho tan inusual de que un policía se niegue a identificarse ante una ciudadana. Hasta ahora la situación habitual ha sido la contraria, que sea el agente de policía quien pida a una viandante, por muy diputada que sea, su DNI. El también omnipresente diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha sido quien más ha desatado la tormenta de críticas y reclamado explicaciones a Calero.

La delegada del Gobierno ha visto también cómo otra proclamada entidad social ocupaba un local en pleno centro de Valencia para distribuir alimentos. O cómo un grupo de personas reivindicaba ante el propio edificio de la Delegación contra los desahucios, siempre bajo el mantra de que los propietarios de los pisos son bancos o terratenientes y los ocupas personas vulnerables.

Por desgracia, esa simplificación contrasta en demasiadas ocasiones con la realidad que sufren muchos pequeños propietarios ahorradores que ven cómo su inversión, un pequeño piso, lo ocupa algún desaprensivo que se niega a pagar y que se suma rápidamente al populismo antidesahucios para justificar su incumplimiento de contrato.

En cualquier caso, ocupación e inmigración amenazan con hacer tambalear la ya bamboleante gestión de la delegada del Gobierno en un año sumamente complicado. El contexto no acompaña.