Aprobada la ley del juego sin los parlamentarios de Vox y con votos mal contados

El pleno de les Corts ha aprobado este jueves, con los votos a favor de los grupos del Botànic, en contra del PP y Ciudadanos y sin la participación de Vox, la ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, que fija distancias mínimas entre locales de juego y los colegios.

Pero, la ha aprobado, no sin que antes se hayan sucedido un cúmulo de acontecimientos, marcados primero por el error constante en el recuento de los votos tanto emitidos de forma telemática como los presenciales desarrollados a mano alzada; como por las manifestaciones del sector ante la Cámara. Todo ello, tras una semana, también muy movida, discutiendo si el voto a distancia  y el ponderado era legal o no, tras informes en contra y a favor, recursos de última hora y reuniones improvisadas. 

La normativa se debatió el lunes, pero su votación se pospuso debido a que Vox presentó un recurso contra la aplicación del voto ponderado. Finalmente, se ha votado a mano alzada por los diputados presentes en el hemiciclo -menos los de Vox, que se han ausentado por no compartir la fórmula-, y de forma telemática por los que no pueden acudir debido a las medidas sanitarias.

Un voto cambiante

No obstante, el proceso se ha tenido que detener. Había un error. Los votos a distancia, emitidos hasta las 10 de la mañana de este jueves y durante todo el día de ayer, se han contabilizado mal. Inicialmente, se han registrado los votos al contrario del sentido de la voluntad de las decenas de diputados que no estaban en el hemiciclo donde, además, no estaban los parlamentarios de Vox, dos de los diez del grupo que sí habían acudido a Les Corts, por considerar que el último dictamen jurídico de los letrados de la Cámara no respondía a sus preguntas sobre la seguridad jurídica de la tramitación del voto a distancia.

El presidente de les Corts, Enric Morera, ha tenido que suspender el proceso de contabilidad durante media hora para reorganizar las hojas de cálculo en las que se habían transcrito los votos a distancia. Finalmente, se ha aprobado gracias a un voto a distancia, cambiante, y que finalmente se ha contabilizado.

En la explicación de voto, el PSPV, Compromís y Unides Podem han defendido que era necesario poner "bajo control" a un sector que tiene en España la regulación "más laxa" de los países del entorno y combatir el aumento de la ludopatía, y han acusado a la derecha de defender la postura de los grupos de presión del sector.

El PP ha afirmado que esta ley ni regula el sector ni protege derechos, sino que "expulsa al paro a miles de trabajadores", y Ciudadanos ha augurado que "en breve será recurrida" una norma marcada, a su juicio, por el "sectarismo" y que tendrá "efectos desproporcionados en el empleo y en empresas del sector".

La plataforma SOS Hostelería protesta

Mientras todo eso sucedía en el interior del hemiciclo, fuera de él, la plataforma SOS Hostelería ha escenificado una protesta con el lema "Un paseo en defensa de nuestro pan". Con consignas de 'Ximo, con mi pan no se juega' han reivindicado la pérdida de empleos que supondrá esta ley.

El responsable de SOS Hostelería ha señalado que la falta de ingresos de las máquinas de premio podría afectar a unos 8.000 bares de la Comunidad Valenciana que "no llegarán a abrir sus puertas".

Novedades de la ley

La nueva ley autonómica del Juego, que sustituye a la vigente de 1988, establece que los salones de juego y los locales de apuestas no se podrán instalar a menos de 850 metros de los centros escolares, y que tendrá que haber una distancia mínima de 500 metros entre estos establecimientos.

Además, las máquinas tragaperras deberán tener -en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley- un sistema de activación por control remoto, como el de las máquinas de tabaco, para evitar el acceso al juego de menores de edad y de inscritos en el registro de personas excluidas de acceso al juego, y mientras no se usen no emitirán estímulos sonoros, visuales o lumínicos.

Todos los locales de juego deberán establecer un control de admisión en la calle para impedir la entrada de menores y de inscritos en el registro de personas excluidas de acceso al juego, y se fija un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para hacer las obras de adaptación.

La nueva ley fija una moratoria de cinco años para nuevas autorizaciones de establecimientos de juego o de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio destinadas a ser instaladas en locales de hostelería o similares, y contempla sanciones de hasta 600.000 euros y cierre de locales en caso de las infracciones muy graves.

Otras de sus novedades son que la Comunitat deberá contar con una estrategia valenciana integral de prevención y tratamiento del juego patológico, con acciones de prevención y tratamiento de la ludopatía, y que se legaliza la situación de las apuestas en el juego de pilota valenciana.