Crece el número de empresas con licencias VTC que operan ilegalmente en Valencia

En la guerra abierta entre los taxis y las plataformas digitales como Uber y Cabify hay un tercer implicado en la discordia que se acaba de lanzar a la pelea por el mercado del transporte de viajeros. Son las empresas que cuentan desde hace años con licencias VTC para operar como conductores privados, el modelo bajo el que quieren operar las plataformas digitales.

Ante la prohibición actual de que se concedan más permisos de este tipo, las plataformas que utilizan aplicaciones digitales para conectar con los potenciales pasajeros, como no cuentan con licencias o no van a poder obtenerlas porque se impone la limitación existentes de que no pueden operar más de un coche VTC por cada 30 taxis tradicionales, han buscado un plan B y quieren irrumpir a través de las licencias ya existentes. Este interés ha crecido en los últimos cuatro meses en la ciudad de Valencia, por ser una zona turística importante por volumen de viajeros donde llevar a cabo estos planes de negocio.

Así, empresas con sede en Valencia o Barcelona, pero con autorizaciones en otras Comunidades como Castilla León o Andalucía, operan desde hace más de 4 meses "de manera impune en nuestra ciudad", subcontratadas por Uber y Cabify, desde incluso antes del verano pasado "sin ningún tipo de control por parte de la administración y en la mayoría de los casos saltándose parte de la legalidad como, por ejemplo, no exhibir la licencia VTC de la Comunidad Autónoma a la que pertenecen, no rellenar hojas de ruta de los servicios, trabajar sin títulos habilitantes o  hacer todos sus servicios en Valencia, cuando la ley les prohíbe hacer más del 20% de ellos en ciudades en las que no pueden operar", denuncian muchos taxistas con los que ha hablado ESdiarioCV.

El colectivo del taxi tiene ya localizadas a muchas de estas empresas que trabajan especialmente en el aeropuerto de Manises, en la estación de tren Joaquín Sorolla, en la estación del Norte y en la zona de la Plaza del Ayuntamiento y del centro de Valencia porque ha creado incluso una App ("Control de VTC´s y Piratas", pagada por ellos mismos) para detectar si operan de forma legal o no. 

Dicha App está basada en el formulario de consulta al Registro de Empresas y Actividades de Transporte" (CREAT) del Ministerio de Fomento , que simplifica y facilita la búsqueda en dicho formulario a través de la matrícula del vehículo. "Una herramienta muy útil para obtener información de los títulos habilitados en vigor (autorizaciones para el ejercicio de la actividad, licencias comunitarias, competencia profesional, consejeros de seguridad y cualificación del conductor), así como de los vehículos adscritos a copias certificadas, inscritos en el citado registro", comentan los taxistas. 

A través de este método ya han detectado más de 35 empresas con autorización de licencias VTC para trabajar en otras Comunidades Autónomas que no son la valenciana, "haciendo hasta casi 24 horas de servicio de chófer ininterrumpidas y estacionando en lugares no permitidos durante más de 45 minutos, con el único objetivo de aprovechar el auge del turismo para desplazamientos privados.

Llamadas a la policía local 

Algunos de los taxistas que han denunciado esta situación a ESdiarioCV, han llamado a la policía local de Valencia para hacerles conocedora de esta situación, así como de "los abusos ilegales y descarados que sufrimos diariamente delante de nuestra cara", indican, pero "la policía no es capaz ni de mandar a una patrulla para multarlos ni siquiera por estacionar donde no deben", añaden.

En la grabación que les incluimos a continuación pueden oír la desesperación que padece uno de ellos y las quejas que realiza al agente diciéndole que, debido a este negocio paralelo, sufre la pérdida de clientes y servicios cada día. 

Para el colectivo del taxi valenciano, la falta de actuación policial y por parte del gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Valencia en este tipo de actividades se debe, en buena medida, por no tener un marco normativo regulado que presente seguridad jurídica a la hora de actuar o de sancionar a estas empresas. 

Por ello, sus  quejas y denuncias constantes ante la administración se están incrementando desde que el Gobierno central aprobó la nueva normativa que traslada la competencia de regular las licencias VTC a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en un plazo de cuatro años, un real decreto ley que, según los taxistas, ha generado "mucha incertidumbre", también a las autoridades locales que quieren que el marco legal despeje cualquier duda y evite posibles conflictos jurídicos por interpretaciones de la norma.