| 18 de Enero de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Un día histórico en una fecha histórica para la autonomía valenciana

| Vicente Climent Edición Valencia

No es fácil conseguir grandes consensos en la Comunidad Valenciana, pero ya llevamos dos: el de la reivindicación de financiación justa, que es unánime, y el de la reivindicación de la recuperación del Derecho Civil valenciano, que casi es unánime.

El Estatut valenciano de 2006 recuperaba el Derecho Civil valenciano heredero dels Furs, actualizado y constitucional, lo que dio paso a la promulgación de varias leyes autonómicas que posteriormente el Gobierno de España recurrió y el Tribunal Constitucional derogó.

Decimos el Gobierno, pero en realidad fueron dos Gobiernos de España los que procedieron de esa manera. Las leyes autonómicas las había aprobado previamente Les Corts cuando aquí mandaba el PP, y dos de ellas las recurrió el Gobierno de Zapatero por medio de su vicepresidenta, la valenciana María Teresa Fernández de la Vega (custodia compartida y régimen económico matrimonial que prima la separación de bienes). Al cambiar el Gobierno de la nación fue el PP de Rajoy el que recurrió contra una tercera ley (uniones de hecho) que también había impulsado el PPCV.

En realidad lo que se discute es la capacidad de los valencianos para legislar, no la constitucionalidad de esas leyes. Hablamos por tanto de algo básico para nuestra nacionalidad histórica, el Derecho Civil propio, que ya existe en otros seis territorios españoles en cuyos casos nadie ha recurrido nada. De hecho España no ha tenido nunca un Derecho Civil único. Y las compilaciones de derechos civiles existentes fueron aprobadas por Franco. Y no puede ser -insisten desde la Asociació de Juristes Valencians- que esas cosas las determine una dictadura.

El razonamiento jurídico por el que se priva a la Comunidad Valenciana de la recuperación de tal Derecho es que la Constitución sólo reconoce los Derechos Civiles propios “allí donde existan” a la fecha de la promulgación de la Carta Magna, en 1978. Parece deducirse por la actitud del TC que esa frase cabe interpretarla como “allí donde estén vigentes”. Que no era nuestro caso, salvo en materia de Derecho Consuetudinario.

La solución para destascar el problema

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Si la Constitución no acepta nuestro Estatut, pues cambiemos la Constitución. No mucho. Bastaría, según Juristes, con tocar la disposición adicional segunda.

Y para eso hay consenso de cuatro grupos parlamentarios, todos menos Ciudadanos, que no se ha pronunciado pero que en Cataluña no cuestiona su Derecho Civil. También la propuesta de reforma constitucional del Consell aboga por la recuperación de este derecho.

Y para escenificar este consenso, ampliado con el apoyo de asociaciones y entidades diversas, Juristes Valencians ha organizado para este viernes una jornada con la que reivindicar la utilidad de tener la competencia sobre el Derecho Civil: libertad testamentaria, custodia compartida, régimen económico matrimonial … Un acto definido por sus organizadores como de “lealtad estatutaria compatible con la lealtad constitucional”. Por el Consell tiene anunciada su presencia el conseller Manuel Alcaraz.

Transformar una fecha negativa en positiva

Cabe destacar que son ya 305 los Ayuntamientos que han aprobado la moción pro derecho civil valenciano, las tres diputaciones y Les Corts, donde los Síndics de PPCV, PSPV, Compromís y Podemos han firmado la moción por la que el parlamento valenciano instará al Congreso a una modificación técnica de la Constitución que amplíe la disposición adicional segunda, para poder así constitucionalizar el Estatut y garantizar la competencia en derecho civil. A este extenso apoyo de las instituciones hay que añadirle el de las diferentes entidades de la sociedad civil, más de 40, que se han sumado a Juristes Valencians en la reclamación.

Entre ellas, UGT, CCOO, CSIF, ATA, AVA, Intersindical, La Unió, Lo Rat Penat, Fundació Nexe, los 8 colegios de abogados de la comunitat, los Registradores valencianos, las universidades, el Ateneo Mercantil o AVACU.

Desde Juristes Valencians, se destaca que la fecha de celebración del acto, el 29 junio a las 19 horas en el Centro Cultural Bancaixa coincide con la de la promulgación en 1707 del Decreto de Nueva Planta, y la abolición de los Furs. Se busca con esa buscada coincidencia transformar una fecha negativa en positiva.

En la foto, Josep Ochoa, José Ramón Chirivella, Vicente Clemente y Luis Higuera.