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La nueva de Grezzi en la EMT: sancionados por cesión ilegal de trabajadores
La Inspección de Trabajo detecta la infracción que podría acarrar multas de 100.000 a 180.000 euros más otros 400.000 euros para liquidar las cuotas a la SS de los empleados afectados
La EMT de Valencia parece que no se libra de ir de escándalo en escándalo, a empresa pública de autobuses que dirige el concejal de Mobilidad, Giuseppe Grezzi, ha sido ahora sancionada por la Inspección de Trabajo acusada de cesión ilegal de trabajadores.
En concreto, la Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción a la EMT Valencia y a las empresas Ballester y Covamur por "cesión ilegal de trabajadores", a raíz de una denuncia de la sección sindical de CGT por la externalización de servicios y la subcontratación de trabajadores que realizan las mismas funciones que la plantilla de la EMT pero a menor salario y en otras condiciones laborales.
Esta infracción está catalogada como "muy grave" y puede acarrear a la EMT de Valencia multas de entre 100.000 y 180.000 euros de sanción económica. A esto se suma otros 400.000 euros que la EMT debería pagar al tener que liquidar las cuotas a la Seguridad Social de los empleados afectados, derivadas de la diferencia salarial del convenio de las empresas subcontratadas y el convenio de la empresa contratante con, al menos, 4 años de retroactividad.
Desde CGT se ha explicado que los "hechos investigados y constatados" por la Inspección de Trabajo son que “los trabajadores cedidos realizan su trabajo de EMT, junto a trabajadores de EMT desarrollando la misma actividad y a las órdenes directas cuadros de mando de la EMT”.
Sin embargo, estos trabajadores cedidos realizan funciones "no descritas en los contratos, sin formación adecuada y siempre a requerimiento de los mandos de la EMT", ha aseverado el portavoz sindical Gregorio Rabadán, quien también ha lamentado que su salario es inferior y tildado su situación de "precaria".
En su opinión, además, estos trabajadores deberían pasar a la plantilla de la EMT, o al menos, se deberían igualar las condiciones salariales o laborales con las de los trabajadores de la empresa pública.
