07 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la sesión de control en Les Corts. EP/Rober Solsona

Sesión de control a Puig: cuando "el problema valenciano" ya no es prioritario

Los diferentes partidos se enrocan en críticas mientras la reforma de la financiación se atasca, la cuarta ola del coronavirus se cierne y el debate del puerto de Valencia se politiza

| Jonathan Martínez Edición Valencia

La sesión de control celebrada este jueves en Les Corts al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha centrado el debate en la capacidad de gestión para contener una posible cuarta ola del coronavirus, la esperada reforma del modelo de financiación y la ampliación del Puerto de València.

Sobre el modelo de financiación y su reforma, Puig cimentó su relato presidencial el pasado mandato, en el que insistió con el mensaje de trasladar "el problema valenciano" a Madrid. En esta segunda legislatura de su mandato esta cuestión se ha ido difuminando.

Todo ello en mitad de una acalorada discusión en la que también se ha intentado sacar el asunto de las ayudas públicas concedidas al hermano de Puig por valor de 1,2 millones de euros. Sin embargo, el jefe del Consell ha optado por eludir la polémica defendiendo la gestión del Gobierno Valenciano frente a los ataques continuados de la oposición.

El recordatorio de Bonig

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha recordado unas declaraciones realizadas por el propio Ximo Puig el 31 de marzo de 2017 para exigir a Mariano Rajoy un sistema de financiación más justo. De esta manera ha querido simbolizar el espíritu reivindicativo de un gobierno que prometía hacer de la reclamación de la financiación la “piedra angular” de sus promesas, aludiendo también al recurso que interpusieron ante el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado del ejecutivo de Rajoy.

Todo ello para que finalmente, ha manifestado Bonig, Compromís condicionase su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de presentar en ocho meses un nuevo modelo de financiación que se han acabado convirtiendo en dos años, justo “en el peor momento con una crisis social, económica y sanitaria”.  

Por su parte, Puig ha evitado asumir responsabilidades desplazando el problema a Madrid, donde sostiene que los diputados valencianos deben utilizar el Congreso para unirse en la reivindicación. Es por ello que ha querido agradecer a todos los grupos parlamentarios que la semana pasada acercasen posturas para presentar una moción dirigida a un cambio de modelo en la que, concreta, no quiso participar el PP

Escasez de vacunas

En el turno de réplica, los populares han hecho mención a la escasez de vacunas, el cierre de vacunódromos, el ERE de Ford o las ayudas a la hostelería para evidenciar que lo peor de la gestión del presidente de Puig son las mentiras constantes que han lanzado sobre los ciudadanos. Por ello, le ha invitado a dejar de lado los anuncios y las promesas para dedicarse a gestionar las cosas en una administración donde “parece que lo único que funciona son las ayudas a su hermano”. Sobre este tema no ha querido dar ninguna explicación.

Las preguntas de Merino

La nueva portavoz de Ciudadanos tras la marcha de Toni Cantó, Ruth Merino, le ha preguntado al jefe del Consell si está preparado para reaccionar ante una posible cuarta ola del coronavirus, ya que la propia consellera de Sanitat aseguró en el mismo hemiciclo que tenían las herramientas para abordar una segunda ola y, al final, 1 de cada 4 muertos en España durante enero y febrero acabaron siendo de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, le ha reconocido los buenos datos que tiene la Comunidad pero puntualiza que el logro no tiene ningún mérito porque lo ha conseguido a costa de destruir la economía. De este modo, le ha instado a incrementar el número de test, elaborar políticas de prevenciones y emplear la tecnología disponible para reducir las restricciones y poder salvar la economía. “La pandemia no va de prohibiciones, va de prevenir y saber gestionar”, ha defendido Merino. 

También se ha referido a la hostelería para exigirle que se amplíe el horario de apertura y que emita un paquete de ayudas urgentes porque el sector “acumula pérdidas de hasta el 80%”. Es aquí cuando la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha recriminado a Ciudadanos que el sector hostelero tenga mayor sentido común que ellos mismos, ya que “están dispuestos a seguir en la misma situación para contener la pandemia”.

Compromís y el puerto de Valencia

Desde Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha pedido a Puig posicionarse respecto a la ampliación del Puerto de València para saber si cree que la propuesta puede ser compatible con el medio ambiente y la salud de los valencianos. Del mismo modo, exige abrir un debate público alejado de los despachos “que tan bien manejan desde el Partido Popular”. Respecto a estos últimos, confiesa no entender por qué emplean todas sus armas contra una nueva Declaración de Impacto Ambiental si tan seguros están de la viabilidad del proyecto. Ferri ha defendido que la expansión del Puerto no es necesaria porque ya cuenta con capacidad suficiente si se coordina con los de Sagunto y Castellón.

El presidente de la Generalitat sostiene que el Gobierno valenciano siempre sale en defensa del interés general, entendiendo que el sistema productivo debe adaptarse de manera “justa” a las necesidades del cambio climático.  En este sentido, aunque reconoce que el Puerto forma parte del motor imprescindible para mantener la economía valenciana e incide en que su desarrollo debe producirse de forma ordenada, sostenible y con rigor. Puig añade tres condiciones para llevar a cabo la ampliación: adaptarse a la normativa con una Declaración de Impacto Ambiental, integrar la ciudad con el área metropolitana y la protección de los espacios naturales. 

Vox y la libertad contra "el atropello"

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha defendido la libertad de todos los ciudadanos contra el “atropello continuado de los liberticidas Sánchez y Puig”, los cuales habrían utilizado la pandemia para acelerar la puesta en marcha de las políticas “socialcomunistas”. Sin embargo, Puig ha defendido que las restricciones se enmarcan dentro de los criterios técnicos y científicos de los profesionales europeos, y ha garantizado que se cumplen las libertades que vienen amparadas por la Constitución.