Oltra cambia ahora su manera de entender la corrupción al afectar a socialistas

La mala praxis política procedente de las instituciones públicas debe denunciarse siempre o, al menos, siempre que no se produzcan dentro de tu propio gobierno porque entonces las cosas comienzan a verse de otra manera. Algo así ha debido pasarle a Mónica Oltra, conocida por liderar reivindicaciones y protestas contra la corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Pero entonces estaba en la oposición y ahora es vicepresidenta de la Generalitat. Han cambiado demasiadas cosas.

Tantas cosas que hoy no ha querido saber nada de las detenciones del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, o el también socialista José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia bajo el control de Compromís y el PSPV,  por facilitar contactos con ayuntamientos presuntamente implicados en esta trama de supuestos amaños urbanísticos. Las detenciones se produjeron ayer, pero Oltra insiste en que debemos teletransportarnos para ubicarlo en un tiempo y espacio que (oh, sorpresa) se remonta al cobro de comisiones del Ayuntamiento de Rita Barberá. En definitiva, que no quiere saber nada y traslada la responsabilidad a la Justicia, que será la que “marque el ritmo de los hechos delictivos que no tienen nada que ver con la gestión de ahora”. 

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Para Oltra, siempre habrá corruptos pero lo importante de un gobierno es ver cuáles son sus líneas de defensa y cómo reacciona porque, insiste, desde que llegase al ejecutivo en 2015 ha devuelto la “transparencia y decencia”. Así pues, ante la posibilidad de destituir a personas detenidas por corrupción, como José Luis Vera, la portavoz del Consell prefiere reservar su opinión para remitirse al código de buen gobierno que elaboraron cuando llegaron al poder y que “si no recuerda mal” la Diputación también está adherida a este código. Resulta curioso que no lo recuerde bien cuando los escándalos en Divalterra ya vienen de lejos, o no tan lejos. En 2018 también fue detenida la cogerente de la empresa pública nombrada por Compromís, Agustina Brines, en el marco de la Operación Alquería  por la contratación presuntamente irregular de varios directivos en Divalterra. 

En este contexto de buen gobierno parece que tampoco entra la posibilidad de que, en virtud de la calidad democrática y transparencia, los consellers acudan a Les Corts para someterse a sesiones de control que fiscalicen su gestión. Hay que recordar que para la sesión que se iniciará el próximo jueves día 20 faltarán hasta 7 del total de los 12 consellers del ejecutivo: Hacienda, Justicia, Sanidad, Economía, Agricultura, Política territorial y Participación. En este caso, Oltra alega una serie de “desafortunadas coincidencias de agenda” que, si bien cree que deben evitarse, tampoco le ofrece mayor importancia.