La impaciencia del Consell les obliga a rectificar la ley de vivienda autonómica

Sacar adelante un decreto contra los grandes propietarios de inmuebles mientras se estaba tramitando la ley de vivienda del Gobierno de España no parecía tener mucho sentido, pues el propio Consell era consciente de que la norma autonómica no duraría ni tres meses ya que la estatal tumba cualquier contradicción y obliga a su adecuación, que tardará en llegar debido al periodo electoral.

Al conseller de Vivienda, Héctor Illueca, le primaban las prisas para lanzar una medida 'estrella' de Podemos antes de las elecciones y apuntarse el tanto de ser una de las primeras autonomías que persiguen a los grandes tenedores. El decreto impulsado por UP y aprobado en febrero permitía a la Generalitat expropiar las viviendas a los grandes propietarios (10 inmuebles o más, que ahora deberá modificarse para establecer esta categoría en 5 viviendas) y establecía un régimen sancionador con multas de hasta 950.000 euros ante infracciones como cortar los suministros a los inquilinos (u ocupas). 

En definitiva, era un pequeño anticipo de lo que el Gobierno estaba preparando. Ahora y como era predecible, con la reciente aprobación de la ley de vivienda el Consell deberá modificar el decreto ampliándolo con aquellas medidas que entran en vigor de forma general y también con aquellas cuya aplicación es de carácter voluntario para la CCAA y a las que la Generalitat sí ha decidido adherirse. 

La portavoz del Consell, Aitana Mas, ha reconocido este viernes que "tendremos que modificar el decreto del Consell  en cuestiones puntuales que marque el texto final de la ley estatal". Anticiparse al final acaba suponiendo in trabajo doble. "El primer paso adecuar la autonómica a la estatal", ha explicado Mas. Desde el Consell reconocen que la reforma podría tardar en llegar, pero no apuntan a un plazo determinado. "No sé cuánto tardará, pero lo establece como prioridad en la tramitación del decreto. Sobre todo en periodo electoral es difícil hacer el cálculo".

A partir de ahí, se realizará un inventario de las viviendas de la Sareb, ya que ni la Generalitat conoce actualmente de cuántas dispone en condiciones habitables. "Se consultarán las zonas tensionadas" para topar los precios independientemente de si son grandes tenedores o no, y "al mismo tiempo las viviendas  de la Sareb, estudiar la viabilidad de cada una de ellas a ver qué parque tenemos, cuáles necesitan una reforma y cuáles están disponibles".