Las fórmulas del Consell para convertir la vivienda social en eje político

La Entitat Valenciana d´Habitatge i Sol (EVHA) está llamada a ser una de las grandes protagonistas de esta legislatura. Constituye el pilar fundamental de la Conselleria de Vivienda, la única gestionada por Unidas Podem y que depende del vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau. Después de un primer mandato del Botánic en el que la vivienda social quedó relegada a cuestión secundaria al lado de otras consideradas prioritarias (financiación, pago de deuda, expansión del uso del valenciano...), en este segundo el nuevo socio -Unides Podem- ha decidido ponerla sobre el tapete político como asunto de primera magnitud.

El abogado y politólogo Alberto Aznar, que entró a trabajar en la citada entidad en julio de 2018 de la mano de su anterior máxima responsable, fue ascendido a principios de verano al puesto de director en funciones (a falta de la ratificación definitiva una vez constituido el consejo de dirección). Autor del libro Economía colaborativa: alojamiento y transporte, y estudioso, desde la Universitat de València, de plataformas digitales, Airbnb o burbujas de vivida, Aznar reclama, para empezar, más medios.

"Nuestro caballo de batalla consiste en disponer de presupuesto para construir", explica el director del EVHA a EsdiarioCV, que explica que mientras "en otros países de la Unión Europea la vivienda en alquiler social asequible representa entre el 15 y el 20%, en España se queda entre el 2 y 3, y en la Comunidad Valenciana, en el 1%".

En la actualidad el parque público valenciano agrupa unas 14.000 viviendas. Preguntado por cuántas más haría falta, Aznar responde que en la actualidad existen más de 8.000 solicitantes a la espera de contar con una residencia de estas características. Y añade que el presupuesto de la entidad que dirige, el EVHA, que en la actualidad ronda los 50 millones de euros, debería de multiplicarse para incrementar su plantilla (149 trabajadores y sin departamento de edificación) y con el objetivo de construir o rehabilitar, ya que también aceptan vivienda cedida, como ha ocurrido recientemente con un convenio que les ha permitido recibir 300 casas. O reactivar promociones en el centro histórico de Valencia.

El compromiso del Botánic consiste en incrementar un 20% el actual parque de viviendas en esta legislatura. "Ahora estamos afrontando un pago de 7,5 millones anuales hasta 2023 por la deuda de la Fórmula Uno", recuerda Aznar para justificar el retraso en la construcción, mientras que añade, preguntado por los medios requeridos por el EVHA para aplicar sus planes y sobre si el gobierno autonómico, en época de recorte presupuestario, los aprobará, que "estamos realizando un cálculo de las necesidades para presentarlo al Consell". 

Si aumenta el parque público de vivienda, ¿a qué precio de acceso estará para la ciudadanía? Ante esta tesitura, el director del organismo heredero del denominado IVSSA durante los mandatos del Partido Popular, señala que la vivienda en alquiler social protegido tendrá un alquiler de 15o euros; en alquiler asequible, de 350; y que aplicarán una tercera fórmula de arrendamiento de entre 400 y 450 euros por vivienda nueva en Valencia. A unos cinco euros el metro cuadrado.

Mientras llegan los recursos, o incluso cuando lo hagan, Aznar considera necesaria la colaboración entre ayuntamientos y Generalitat. Sería, por ejemplo, aplicando un método similar al denominado Edificant que desarrolla Educación y que consiste, más o menos, en que se ocupan de la construcción los municipios y luego pasan la factura a Conselleria. "Esa fórmula podría aplicarse en vivienda", sostiene.

Otro argumento que sostiene para defender ese incremento del parque de vivienda consiste en que permitiría, al meter más habitáculos y a un precio inferior en el mercado, reducir el precio medio del alquiler, que se ha disparado en la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso, todos estos objetivos, como mínimo en su fase inicial, quedan a expensas del plan de readaptación del presupuesto anunciado por el Consell para ajustarse a la falta de financiación. Esto, al igual que a Vivienda, puede afectar al resto de consellerias.