| 30 de Noviembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa

El clúster cerámico denuncia una "nueva carga" del Gobierno sobre los beneficios

La normativa que pretende aprobar en breve el Ministerio de Transición Ecológica supondrá un sobrecoste para la industria de 2.650 millones de euros

| Redacción Valencia Edición Valencia

El clúster cerámico ha manifestado su apoyo al manifiesto firmado por la Alianza por la Competitividad contra la normativa, aún en borrador, que pretende aprobar en breve el Ministerio de Transición Ecológica, en la que se establece un reparto de los costes de financiación de la implantación de las energías renovables en España -4.000 de los 7.000 mill de euros anuales- entre todas las empresas comercializadoras de energía (eléctrica, gas natural y productos petrolíferos), quienes repercutirán este sobrecoste en el consumidor final, tanto particular como industrial. En el mismo escrito denuncian también que la creación de ese Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), puede “agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro”.

El coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, generando un sobrecoste competitivo "inasumible" en sectores tractores y esenciales para la economía.

Tal como ya manifestó ASCER el pasado enero, el coste derivado de la implementación del FNSSE en el quinquenio 2021-25 para el sector cerámico ascendería a 213,5 millones de €, cifra que supone prácticamente todo el beneficio anual del sector.

El manifiesto destaca que la puesta en marcha del FNSSE, “puede afectar directamente a la competitividad de la actividad industrial en un momento crítico enfocado en la recuperación y en la atracción de inversión y nuevos proyectos”. Especialmente importantes para la industria cerámica son los proyectos de descarbonización en los que el sector está inmerso, que resultarán inviables si no se cuenta con la financiación adecuada.

Pérdida de competitividad internacional

Así, tanto ASCER como ANFFECC indican: “no se comprende que sectores intensivos en uso de gas natural y considerados en riesgo de Fuga de Carbono por la Unión Europea tengan que asumir ahora otro coste energético añadido a nivel nacional”. E insisten, “para nuestra industria el sobrecoste no es asumible e implica una importante pérdida de competitividad a nivel internacional, pudiendo repercutir en el empleo y aumentando el riesgo de deslocalización”.

Por todo ello, se unen al sentir de la Alianza por la Competitividad, que en su manifiesto solicita que el coste del RECORE “sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de manera progresiva, para paliar el impacto en un solo ejercicio en los actuales presupuestos”.  En el caso de que este traslado no se considerase, solicitan “se realicen exclusiones o exenciones completas para los sectores industriales, que a día de hoy son indispensables para generar crecimiento económico y empleo de calidad”.

Hay que recordar que, según han venido indicando las patronales del clúster cerámico en los últimos meses, “del consumo total de gas natural en España, la industria supone el 62% y soporta unos precios entre un 20 y un 25% más altos que sus competidores europeos, por lo que un nuevo incremento no es asumible para un sector que compite en el mercado global, considerando además que el consumo de gas supone más del 40% de los costes energéticos de nuestras empresas”.

Por otro lado, desde el clúster cerámico entienden que el objetivo final del FNSSE consiste en forzar a la Industria en su camino hacia la descarbonización a través de la electrificación, sin embargo, cabe destacar que no toda la Industria tiene la posibilidad de llevar a cabo esa transición y en concreto las industrias esmalteras y azulejeras no tienen alternativas técnicamente viables en el corto plazo que les permitan llevar a cabo esa transición por lo que el objetivo de este fondo se convierte de facto en un impuesto a la producción.