| 01 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Conselleria de Educación ha delegado el Plan Edificant en los ayuntamientos, con lo que los ha saturado más
Conselleria de Educación ha delegado el Plan Edificant en los ayuntamientos, con lo que los ha saturado más

Colapso de las administraciones locales ante la tramitación de fondos europeos

De nada vale que la Generalitat dé un millón de euros para construir un colegio si luego la preparación, licitación, supervisión y comprobación corresponden a los ayuntamientos

| Cayetano García * Edición Valencia

Dice el BBVA que este año 2021 se va a ejecutar menos del 6% de los fondos “Next Generation” previstos por la Unión Europea en España. A todas luces un desastre en cuanto a gestión administrativa, pero esto no va a ser ocasionado por la falta de competitividad de los ayuntamientos, que nos encontramos gestionando la tramitación de los fondos, sino por el innegable cuello de botella al que nos están abocando las diferentes administraciones públicas sobre todo en el caso de los municipios valencianos.

En nuestro caso concreto, la Generalitat ha decidido aplicar una política clara de delegación de competencias en las entidades locales bajo el paraguas de diferentes planes: Pla Edificant, Pla Convivint, Pla Conviure… la lista podría continuar infinitamente.

Para el que no lo sepa esta herramienta de gestión consiste en transferir a los Ayuntamientos la capacidad de poder realizar las obras de competencia autonómica: institutos, colegios, residencias de tercera edad.

A cambio, la Generalitat transfiere una cantidad económica para pagar el coste de ejecución de las diferentes infraestructuras, pero es aquí donde viene el verdadero problema. La Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 27 determina que para tramitar estos procedimientos efectivamente han de poner a disposición de las Entidades Locales los medios económicos necesarios. Sin embargo, no es menos cierto que también obliga a la Generalitat a facilitar los medios materiales y humanos imperativos para el ejercicio de la competencia delegada, extremo que no se está cumpliendo.

Con esto no quiero decir que la administración tenga que contratar a más personal, lo que intereso decir es que la administración que tenga la capacidad de delegar competencias tiene que permitir poner a disposición de los Ayuntamientos los medios personales y materiales para la tramitación de los proyectos.

De nada vale que me des un millón de euros para construir un colegio si el coste de construcción de la obra es de un millón pero luego la preparación, licitación, supervisión y comprobación de los proyectos de obra les corresponde al personal propio de los ayuntamientos que deben dejar de realizar sus quehaceres diarios para dedicarse a estos asuntos, provocando un verdadero colapso en la tramitación de licencias urbanísticas o de permisos de actividad con el consiguiente desgaste de imagen pública.

Pues bien, algo así está sucediendo con los fondos europeos. Muchos son los observatorios económicos que están advirtiendo de la baja ejecución de las ayudas. Y no les falta razón. ¿Cómo quieren que un municipio que cuenta con 3 técnicos (que se dedican a tareas delegadas de Conselleria, Ministerio y asuntos propios de las entidades locales) ahora se dedique a tramitar fondos europeos?

Las Diputaciones, dentro de las facultades inherentes de coordinación, deberían haber organizado ya planes que simplifiquen y adelgacen la gestión administrativa. A igualdad de condiciones igualdad de soluciones. ¿Qué diferencia tiene en la elaboración de un “Plan anti blanqueo de capitales” en Torrent, Paterna o Alboraya? Ya se lo digo yo: ninguna.

Alboraya, Paterna o Torrent deberían haber elegido cuáles, a juicio de su sociedad civil, son los proyectos que más y mejor se adecuarían a las necesidades financiadas por la Unión Europea y centralizar toda la tramitación administrativa, mal llamada burocracia, en las Diputaciones Provinciales. La verdadera lástima es que no vamos en esta línea. Nos dirigimos hacia una gestión donde se genera más intermediarios, más administración y más papel solo que esta vez en formato “pdf”.

Las administraciones públicas debemos garantizar que se cumpla la legislación vigente en todos los proyectos que se ejecuten, pero no es menos cierto que debemos procurar la diligencia y rapidez en los mismos. Y esto solo pasa por una cosa que tanto exigimos al sector privado y que deberíamos aplicarnos: el aumento de productividad. No siempre la respuesta es contratar más personal, hay veces que la respuesta pasa por hacer menos trabajo innecesario.

En definitiva: una administración más fuerte es aquella que sea más eficaz no aquella que ocupe más espacio.

*Economista y Habilitado Nacional