Cae el mito ecologista del Botánico: Las energías verdes crecen un 4% en 5 años

Los datos dan la espalda al Gobierno valenciano. Lo hacen además en un asunto que han abanderado durante años hasta el punto de intentar convertirse en los únicos referentes para poder hacer frente al cambio climático y la contaminación mediante la transición ecológica. Precisamente, puede que el mestizaje político del tripartito y las ansias por enarbolar la bandera de las energías renovables hayan sido las consecuencias de los resultados publicados por la Red Eléctrica Española. La energía solar tan sólo ha crecido un 4% en la Comunidad Valenciana entre 2017 - 2021, mientras que en autonomías como Murcia el incremento se sitúa en el 66%, en Andalucía en el 68% ó en un 79% en Extremadura. Es decir, que la Comunidad se sitúa en la cola de la cola de las energías fotovoltaicas a pesar del clima soleado que caracteriza nuestra región.

Estas conclusiones, lejos de explicarse por la falta de concienciación o inversión de muchas empresas y familias, encuentran su origen en las carencias de gestión del Botánico. Mientras que en las autonomías como Murcia o Andalucía el tiempo medio de espera para tramitar las solicitudes de plantas fotovoltaicas se sitúa en un par de días, en la Comunidad Valenciana la demora se alarga al año de espera como consecuencia de la falta de organización en el ejecutivo. Del total de 421 solicitudes que se han registrado en la Conselleria de Transición Ecológica de Mireia Mollá (Compromís), hasta 300 han quedado fuera de plazo por no haberse tramitado transcurrido un año desde que se presentase la solicitud. Se trata de peticiones para implantar energías verdes realizadas por particulares y empresas que ven cómo sus inversiones pasan a un limbo de inseguridad jurídica porque la Conselleria pide ahora de forma urgente que pasen a tramitarse con carácter de retroactividad con un silencio negativo administrativo, es decir, denotando que la petición ha sido denegada. Concretamente, las inversiones de los solicitantes asciende a los 6.000 millones de euros, 8.000 millones en avales y pasa a poner en riesgo la creación de 3.000 empleos verdes.

En paralelo, desde el Partido Popular, a través de los diputados Elisa Díaz y Felipe Carrasco, denuncian que lo que pretenden es desentenderse de su “histórico compromiso” de la transición ecológica desplazando la responsabilidad al Gobierno central. Esto lo consiguen favoreciendo la implantación de megaplantas de energía fotovoltaicas, de modo que se supere los 50 MHz y las consellerias dejen de estar legitimadas para tramitarlos, dejándolo en manos del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, en el que el tiempo de espera es muy inferior. Todo lo contrario a los intereses del resto de autonomías, donde mantienen la estrategia de promover pequeñas plantaciones fotovoltaicas para tramitarlas ellos mismos a fin de agilizar el procedimiento. 

Esta falta de motivación para instalar energía solar implica que la subida de la luz de en torno al 40% en el último año pueda agudizar aún más la situación económica de familias, pymes y empresas con una pérdida de competitividad.  Por ello, el PP ha anunciado que trasladará a las Cortes Valencianas el Proyecto de Ley que se presentó en la Cortes Generales hace tres semanas para abaratar la factura de la luz eléctrica e instar a Puig a que presione a Pedro Sánchez para reconsiderar esta propuesta que resultó rechazada en el parlamento español con el voto en contra del PSOE. Las medidas incluyes poner al tipo 0% en gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (actualmente 7%); aumentar hasta los 2.000 MM de euros el límite de ingresos de la subasta de los derechos de CO2 a trasladar al sector eléctrico; sacar de la factura el déficit histórico (unos 2.500 MM de euros anuales)  por tres años (202, 2022, 2023)  y los extra costes de las islas (el 50% que todavía pagaba la factura).