| 02 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Empresa valenciana Green Box
Empresa valenciana Green Box

Un juez deja sin efecto el cese de los 2 consejeros de Green Box

La sentencia es un hito en un nuevo episodio, en una empresa familiar valenciana, repleto de ardides y nombramientos que no se ajustan a la legalidad

| Redacción Valencia Edición Valencia

Un juez ha fallado a favor de Juan Rubio Gradolí, que ostentaba el cargo de consejero delegado de Green Box, y de la también consejera Elena Rubio Soto y, además, obliga a Green Box al pago de las costas procesales. El juzgado Mercantil Número 3, según la documentación a la que ha tenido acceso ESdiarioCV, culmina así el primer hito en un nuevo episodio -en una empresa familiar valenciana- repleto de ardides y nombramientos que no se ajustan a la legalidad. Aquí y en este caso, un juez ha dictado sentencia sobre un conflicto accionarial que viene de lejos.

La sentencia reza que la celebración de una junta de accionistas que el juez considera “paralela”, tenía el único objeto que anular los derechos de parte de los administradores en la sociedad, además de impedirles el paso a las instalaciones de la empresa. El juez deja sin efecto el acuerdo de la junta general de Green Box -compañía valenciana especializada en soluciones para el embalaje en el sector agroalimentario-logístico- mediante el cual se cesaba a 2 consejeros titulares de casi la mitad de las acciones: el 49’44% del accionariado. Green Box alcanzó los 14 millones de euros de facturación en 2021.

La sentencia dice que “el bloque de control societario propició la convocatoria paralela de una segunda junta para el mismo día del 5 de agosto de 2020” y añade que “en efecto, la celebración de la junta en esas condiciones suponía una deformación del borrador del acta del consejo de administración que incorporaba el acuerdo de convocatoria de junta” pues “los actores y administradores de la sociedad nunca consintieron la celebración de la junta en la forma en que finalmente se hizo”. Con todo y con eso “el bloque mayoritario de control aprovechó … la celebración de una suerte de junta paralela, incorporando espontáneamente durante su celebración puntos de discusión adicionales que no tenían por qué estar en el orden del día…, lo que revela el propósito de su comportamiento”. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso ESdiarioCV, el titular del Juzgado Mercantil número 3 de Valencia, califica de ilícito el cese del representante de AGROMAELE en el consejo de administración de Green Box, Juan Rubio Gradolí, que hasta la fecha de la junta general que el juez califica como “clandestina”, ostentaba el cargo de consejero delegado. Igual de ilícito considera el cese de la también consejera, Elena Rubio Soto, hija del primero.

 La sentencia afirma que “el ardid” diseñado y ejecutado por José Rubio Gradolí, a través de su sociedad, SOGESBOX, para cesar al representante de AGROMAELE y a Elena Rubio Soto “vulnera el orden público societario” con el fin de “desplazar a AGROMAELE del control de la sociedad, con efectiva lesión de sus derechos políticos de información, asistencia, deliberación y voto en Junta ya considerando su condición de socio o la simultánea de administrador”. 

En resumen y según el texto del juez, la operativa elegida fue pues, una maniobra del socio mayoritario -SOGESBOX, representada por José Rubio Gradolí- para que pasara desapercibida la convocatoria de la junta general del 5 de agosto de 2020. En esta convocatoria es en la que se cesó a los dos miembros minoritarios, con “defecto de convocatoria y contravención del orden público” … “al haberse celebrado esa junta de manera clandestina, para la privación de los derechos políticos que asisten a los actores y por el solo propósito de la mayoría social de provocar su cese como administradores”. Para añadir que la “estrategia confusionista del socio mayoritario se evidencia por el extremo de que en la junta notarial de 5 de agosto de 2020, forzase adicionalmente la discusión sobre el cese del socio minoritario y su representante en el consejo de administración y, desde el día siguiente, se impidiese su acceso al domicilio social”.

La sentencia declara “la nulidad de todos los acuerdos sociales adoptados” en esa junta general “clandestina” de Green Box por lo que quedaría anulada la designación como nueva consejera de María del Carmen Rubio Verdeguer, hija del accionista mayoritario, José Rubio Gradolí. De esta forma, Green Box quedaría en la práctica sin órgano de administración para formular las cuentas anuales y otras operaciones corporativas como convocar juntas generales.