Ribó pillado con las ayudas a dedo a tres entidades pro independentistas

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha exigido al alcalde Joan Ribó que la Intervención Municipal fiscalice las subvenciones a las entidades catalanistas, tras las resoluciones de la Agencia Antifraude que denuncia irregularidades e insta a  la restitución de las ayudas concedidas a tres entidades catalanistas, que han sido ratificadas por el informe del Interventor municipal. También exige que deje de subvencionar a entidades que defienden los Países Catalanes y que apuestan por la independencia de Cataluña.

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Catalá ha realizado esta propuesta tras conocer que dos de estas entidades del entorno del catalanismo hayan renunciado a sus ayudas tras la resolución de la Agencia Antifraude que denuncia graves irregularidades y el informe del Interventor. Antifraude pedía de “iniciar un procedimiento para la exigencia de las posibles responsabilidades que pudieran resultar de los hechos constatados”.

Los populares defienden que dejen de subvencionarse entidades que no defiendan el Estatuto de Autonomía o que apuesten por una Comunitat Valenciana integrada en los Países Catalanes.  Para ello, pide que se incluya en los requisitos para poder optar a ayudas.

El PP llevó a la Agencia Antifraude las subvenciones a estas entidades, y en su resolución la Agencia pedía al Ayuntamiento de Valencia que fueran fiscalizadas, y ante este acuerdo, las propias entidades beneficiarias de las ayudas han renunciado a las mismas.

La Junta de Gobierno Municipal, de tapadillo y en los trámites extraordinarios, aprobó la devolución de las mismas, lo que evita cualquier tipo de fiscalización por parte de los servicios municipales de Intervención General.

Para la portavoz popular “es muy sospechoso que renuncien tras la resolución de la Agencia Antifraude y el informe de Intervención. Esto demuestra deficiente control municipal sobre el dinero público que ‘regala’ a sus entidades amigas y afines a sus tesis catalanistas. No sabemos si la relajación en el control es por la cercanía con estas entidades y por ello el actual equipo de Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado. De no haber denunciado nosotros ante la Agencia Antifraude éstas subvenciones se hubieran tramitado y el dinero no estaría en las arcas municipales”.

Resoluciones de Antifraude

La Agencia Valenciana Antifraude emitió  tres resoluciones en las que denunciaban las irregularidades graves en la justificación de las subvenciones a entidades vinculadas al catalanismo, tal como les adelantamos desde ESdiarioCV hace unos meses.

Estas subvenciones se concedieron a dedo por parte del alcalde Joan Ribó en el año 2017 a la Fundació Francesc d'Eiximenis  (7.000 €), al Centre de Recursos Just Ramírez Ca Revolta (10.000 €) y a la Asociación Ignasi Villalonga (6.000 €), ligada a Acción Cultural del País Valencià, y fueron aprobadas alguna de ellas posteriormente por la Junta de Gobierno Local cuando en el expediente administrativo no figuraban la documentación justificativa que acreditará que el gasto realizado por estas asociaciones se ajustaba a la bases de la convocatoria.

Según ha constatado la Agencia Antifraude, estas asociaciones entregaron la justificación de las ayudas directamente en mano en el Gabinete de Alcaldía en lugar de realizarlo a través del Registro Electrónico General  del Ayuntamiento, por lo que no ha quedado acreditado si este trámite administrativo se hizo dentro de los plazos que marca la Ordenanza de Subvenciones.

Los populares consideran esta irregularidad  como “un trato de favor” a estas entidades catalanistas afines al Govern de Rialto, por lo que ha pedido explicaciones al alcalde Joan Ribó sobre las razones que llevaron a su Gabinete a “darles un trato preferencial” permitiéndoles que le entregaran en mano la documentación justificativa de las ayudas. 

 La Agencia Antifraude denunciaba que después de que la Junta Local de Gobierno del 22 de mayo de 2018 aprobase un Acuerdo en el que declaraba formalmente justificada la subvención otorgada a Francesc d´Eiximenis, se le requiriera a esta Fundación “la cuenta justificativa de gastos que incluya declaración de las actividades realizadas que se han financiado con la subvención y su coste, el desglose de cada una de los gastos realizados y la relación del importe y procedencia de otras subvenciones, recursos o fondos propios que hayan financiado la actividad subvencionada”.

La Agencia Antifraude pedía al Ayuntamiento de Valencia que “valore la anulación de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno que daban validez a las justificaciones de las subvenciones y que adopte medidas que aseguren el cumplimiento de las exigencias legales en la tramitación de los expedientes administrativos de concesión, justificación y control de subvenciones”.

Además, Antifraude requería al Ayuntamiento que “abra un periodo de información o actuaciones previas, con el fin de conocer las circunstancias que concurren en la actuación seguida por el servicio ·gestor de la subvención, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento para la exigencia de las posibles responsabilidades que pudieran resultar de los hechos constatados”.