Las ITV piden 15 meses de prórroga por los daños de la prueba de ruido

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV), ante la eliminación de la prueba de ruido por parte de la Conselleria de Economía, ha realizado una valoración del impacto que tendrá esa decisión. Se abre así un nuevo escenario de desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas por las que se les concedía la prórroga a las concesionarias, por lo que se requieren 15,3 meses adicionales para poder compensar estas pérdidas.

Una tarifa media sin prueba ruido se sitúa en los 35,50 euros en 2023, mientras que el margen unitario por inspección queda en 3,61 euros. Con la previsión del IPC para el cálculo de costes estimados al 6%, el plazo de prórroga de la concesión necesario para recuperar los importes a compensar como consecuencia de la pandemia ascendería a lo solicitado.Además, esta decisión, que denota “una falta de seriedad y una improvisación que puede desembocar en el colapso y el caos en la prestación del servicio público”, supondrá también daños personales, provocando un ERE que afectará a 300 trabajadores. 

Desde AECOVA se sigue abogando por una transición tranquila del cambio de modelo de gestión para evitar el caos a partir del 31 de enero, que es cuando se dejará de ofrecer la cita previa al cesar los contratos con los proveedores por la finalización de la prórroga el 22 de febrero. Por eso, están dispuestos a seguir negociando con el conseller de Economía poniendo sobre la mesa la verdad, ya que consideran que la eliminación de la prueba de ruido se ha hecho de forma “unilateral y a escondidas”. La Generalitat no está preparada para afrontar con calidad la gestión de las ITV a partir del 23 de febrero, puesto que es necesario un tiempo superior para hacer un traspaso que asegure garantías para los trabajadores, ciudadanos y empresarios.

Una decisión que hace retroceder 

La eliminación de esta prueba sostenible, beneficiosa y pionera traería, además, consecuencias negativas para el medio ambiente. Del mismo modo, será una supresión temporal, ya que Europa reclamará en un futuro implantarla en todos los países. Así consta en una normativa comunitaria que marca el camino a seguir.

La directiva 2014/45/UE establece que se tendrá que analizar el ruido de los coches, tal y como se realiza con las motos, para esclarecer si es o no superior a lo permitido, dejando en evidencia que el movimiento ejecutado por la Conselleria de Economía ha sido totalmente innecesario.