Un mes decisivo para que el Congreso tenga en cuenta el derecho civil valenciano

El derecho civil (o foral) valenciano afronta un mes más que decisivo para su recuperación por parte de la autonomía que lo tuvo y lo perdió, primero por una decisión de un monarca, Felipe V, en 1707, y después por una resolución del Tribunal Constitucional tras recurso del Gobierno que lo dejó sin vigencia en 2016.

Ahora, la posibilidad de la Comunidad Valenciana de disponer de normativa propia ya no depende de Les Corts, que la aprobó con el respaldo de PSPV, PP, Compromís y Unides Podem. El Congreso  ha recibido la petición y empieza a considerarla en un mes decisivo que comenzó el pasado viernes 28, con la publicación en el boletín oficial de la denominada Cámara Baja.

El siguiente paso recae en el Ejecutivo nacional, que cuenta con un plazo exacto de 30 días para emitir un informe valorando la propuesta, y en concreto decidiendo si lleva a debate la proposición de ley aprobada por Les Corts el pasado 5 de febrero, hace justo un mes.

Esa valoración resultará fundamental para que la Mesa del Congreso determine si tramita la iniciativa valenciana y la traslada a consideración del pleno o si la frena y vuelve a retrasar un proceso que ya se dilató con la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Ximo Puig que, indirectamente, impidió que la recuperación del derecho civil valenciano fuera objeto de debate en el último pleno de Les Corts de la pasada legislatura, ya que quedó disuelta antes de lo previsto. Por ese motivo, en lugar de aprobar la proposición de ley en abril de 2019 no ha sido hasta febrero de 2020 cuando se ha producido.

La Associació de Juristes Valencians, entidad que ha logrado convertir en eje del debate político este tema e involucrar a los principales partidos y colectivos sociales en la recuperación del derecho autonómico, sabe de la importancia de este mes y no quiere limitarse a esperar la decisión del Gobierno.

La asociación que preside José Ramón Chirivella ha organizado diversas reuniones con diferentes partidos políticos para que, durante las próximas semanas, recalquen la importancia para la Comunidad Valenciana de tener su propia capacidad normativa, derecho del que sí disponen en otras autonomías como Cataluña, Aragón o Baleares. De hecho, la misma región valenciana disfrutó de esa regulación entre 2008 y 2016, con un efecto aproximado calculado en unas 300.000 personas durante esos ocho años en cuestiones tan básicas como separación matrimonial o transmisión de bienes por herencia.

También intentará que el president de la Generalitat, Ximo Puig, defienda públicamente esta reivindicación a lo largo de las próximas semanas y ejerza una labor pedagógica en el ejecutivo nacional, de su mismo partido.  La  labor del vicepresidente de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, igualmente es considerada estratégica debido a su vinculación con los principales referentes de su partido sentados en el Consejo de Ministros.

Si el Gobierno emitiera un informe favorable valorando la oportunidad de la propuesta y esta llegara al Congreso, faltaría la aprobación del parlamento a una reforma constitucional que desbloquee el derecho civil valenciano. L´Associació Valenciana de Juristes, incansable en su brega y siempre optimista, ya ha marcado una fecha en rojo en el calendario para celebrar la recuperación de la potestad legislativa: el 9 de octubre de 2021.