El Juzgado deja libre al exsubdelegado del Gobierno tras dos meses detenido

El Juzgado de Instrucción número 13 de València ha dejado en libertad al exsubdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, Rafael Rubio, investigado en el conocido como caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística.

Esta decisión la ha trasladado después de que fuera detenido hace justo dos meses, el 13 de mayo, en una operación que causó una honda conmoción en el ámbito político y, sobre todo, en el Partido Socialista, del que era militante y fue suspendido.

Este procedimiento, considerado la segunda fase de Azud, ha llevado a cinco personas a prisión provisional desde que fueron detenidas:  el citado Rubio, el empresario Jaime Febrer, al que codefiende el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Manolo Mata; el exvicealcalde de Valencia con el PP, Alfonso Grau; y los empresarios Mónica Montoro y Joaquín Pastor.

Hace dos semanas, el juzgado dejó en libertad a Montoro y Pastor al ausentarse el riesgo de destrucción de pruebas. El letrado de Rubio también había pedido la libertad para su representado y el Juzgado, tras estudiarlo detenidamente, se lo ha concedido con las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial.

En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Rubio, que también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.

A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Registro de la UCO

De manera casi paralela a esta decisión judicial, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo un registro, hoy, de las instalaciones de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, todo ello enmarcado en el aludido caso Azud.