El Botànic deja en el olvido a los opositores que aspiraban a un empleo público

Cada vez son menos las personas que se animan a presentar cualquier trámite ante la Administración Pública por temor a caer en el enrevesado mundo de la burocracia, ya sea por las continuas trabas en el procedimiento o porque el esfuerzo invertido tampoco garantiza obtener el resultado esperado. Esta última hipótesis ha sido precisamente la que se han encontrado aquellos interesados en optar a la beca de 500 euros al mes para que 100 jóvenes de hasta 30 años puedan preparar oposiciones para alguno de los cuerpos y escalas del Grupo A de la Generalitat Valenciana.

Conocido como ‘Programa 500’, el “ambicioso” proyecto dirigido por la consellera Gabriela Bravo cerró el plazo de inscripción de la segunda convocatoria el pasado 28 de septiembre de 2020, aunque los aspirantes denuncian que todavía no han recibido ningún tipo de notificación en la web de Carpeta Ciudadana, habilitada por la Generalitat para saber el estado de los expedientes. Sin opción a conocer si han sido aceptados, rechazados o si les falta por completar algún requisito, la gran mayoría de ellos hace tiempo que desistieron en su empeño por acceder al empleo público.

No en vano, la polémica de estas ayudas viene de lejos. Prácticamente desde que el presidente valenciano, Ximo Puig, las anunciase como una apuesta personal en septiembre de 2018 con un coste anual de 2,5 millones de euros para las arcas públicas. En su discurso ante Les Corts, el jefe del Consell aseguró que el objetivo de la medida era que "la Administración autonómica sea un destino atractivo para nuestros jóvenes universitarios y que los mejores talentos puedan acceder a ella y que las condiciones económicas no sean un obstáculo para el acceso a la función pública".

Fue en febrero de 2019 cuando la consellera Gabriela Bravo presentó el Programa en la Universidad de Valencia, a fin de poder becar ese año mismo año a 500 licenciados menores de 30 años con 500 euros al mes. La idea era, además, tener personal preparado durante los próximos 10 años para hacer frente a la jubilación de más de 5.000 persona de las poco más de 17.000 que conforman la plantilla de la Función Pública valenciana, lo que supone casi un tercio de los efectivos. No obstante, el balance final resultó ser un fracaso. Del medio millar de candidatos presentados -totalidad de las becas creadas- tan sólo 92 lograron la ayuda, mientras que 286 quedaron excluidos por no presentar la documentación requerida y 81 incumplían los requisitos.

A la vista de los resultados, Bravo se vio obligada a hacer una remodelación en la partida presupuestaria hasta reducir a 500.000 euros la inversión prevista en 2020 y a 100 el número de becas totales. Es decir, aminoró a una quinta parte las cuantía económica y las plazas disponibles. Con todo, el anuncio del jefe del Consell ha pasado de ser la "medida estrella" del Botànic a un aparente lastre para Conselleria de Gabriela Bravo.