El escándalo IVASPE: redes clientelares y sobresueldos desorbitados a policías

Los escándalos se suceden en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) a medida que se logra destapar nueva información sobre los motivos que han conducido a la renuncia de 53 instructores que llevaban desde 2019 sin percibir su salario. Hasta el momento, esta situación ha provocado la paralización de cursos de formación teórica a un total de 200 agentes policiales a escasas 48 horas de iniciarse y sin avisarles de cuándo se retomarán, pero muy probablemente tan sólo sea el mal menor que tiene ahora la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo.

Fuentes internas de la Policía Local a las que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario denuncian una supuesta red clientelar donde agentes afines a sindicatos y a la propia Administración habrían llegado a percibir sueldos excesivos a través del IVASPE -además del estipendio como policías en servicio- debido al quebrantamiento del régimen de incompatibilidad que viene estipulado por la Ley Estatal 54/1984. En concreto, la regulación exige al personal de las Administraciones Públicas la dedicación exclusiva a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, aunque existen algunas actividades excluidas del régimen como pueden ser: la gestión del propio patrimonio, la creación artística y literaria o la docencia para preparar el acceso a las instituciones públicas.

No en vano, esta última prerrogativa viene limitada a un total de 75 horas anuales, ya que de superarse dicho umbral habría que solicitar la compatibilidad y la legislación actual no permite hacerlo. En el caso de la mayoría de los instructores de la Academia Policial de la Generalitat, dedicaban siete días ininterrumpidos a trabajar como policías locales en sus respectivos municipios y los otros siete días que tenían de descanso los dedicaban a trabajar en concepto de docentes a jornada completa en el IVASPE, aunque en realidad realizaban labores de control e instrucción. Así podrían haber llegado a superar con creces las 75 horas anuales estipuladas por ley, lo que les habría llevado a percibir cantidades económicas excesivas.

Las fuentes consultadas consideran que la causa del impago a los instructores podría tener su origen en la negativa de algún alto funcionario a dar luz verde a las retribuciones a tenor de la desobediencia flagrante del régimen de incompatibilidad. Las mismas fuentes sostienen que el IVASPE ha estado funcionando como un “coto cerrado” donde a modo de “chiringuito” agentes afines se sacaban el sobresueldo financiado por la Generalitat. “Hay dinero de sobra para pagarles, el problema es que hacerlo supone reconocer que se ha estado infringiendo la ley, y eso es aún más grave que tener que paralizar los cursos”, señalan.

La Conselleria de Justicia, por su parte, rechaza hablar de impagos y se refiere a un "retraso" en los emolumentos que vendría motivado por la "negativa" de los servicios técnicos y jurídicos de la Administración autonómica a validar las retribuciones. En concreto, detallan que existen "problemas" para acreditar que los instructores estuviesen realizando labores como docentes, aunque eluden cualquier responsabilidad en torno al incumplimiento de las 75 horas estipuladas en la Ley de Incompatibilidades. Según relatan, corresponde a los propios policías y a los Ayuntamientos cerciorarse de que se cumple con la legalidad en dicha materia.

También resaltan que el pasado 1 de octubre la Conselleria de Justicia convocó una bolsa de profesores colaboradores, expertos en áreas y materias relativas a la seguridad pública en el IVASPE, donde entre los requisitos se exige respetar el límite de impartición a 75 horas docentes al año.

De forma conjunta, los diferentes sindicatos policiales exigen dar un giro de 180 grados en la gestión de la Seguridad Pública por la “dignidad y profesionalidad” del colectivo de Policía Local. Para ello, el próximo jueves 14 de octubre se reunirán a fin de valorar acciones a realizar en todos aquellos aspectos que entiendan que pueda hacer acción sindical conjunta ante “la gota que colma el vaso”.