Mónica Oltra acentúa una nueva ruptura en Compromís por la infrafinanciación

Las discrepancias sobre la convocatoria de una manifestación que exija al Gobierno de España la ansiada reforma en el modelo de financiación autonómica rebasan el seno del Consell. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, da por bueno el plazo que otorgó el Congreso de los Diputados a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar un borrador del nuevo modelo con fecha límite hasta finales de 2021 y considera la opción de la manifestación como un “futurible incierto”, alejándose así a de la postura habitual de Compromís en Les Corts.

De hecho, el síndic del Grupo, Fran Ferri, ha vuelto a insistir esta misma semana en la necesidad de convocar la reivindicación contra la ministra Montero tras mostrarse insatisfecho ante el resultado obtenido por el conseller de Hacienda Vicent Soler en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El portavoz ya se ha reunido con la plataforma Per un Finançament Just para acordar entre todos sus integrantes la manifestación para el próximo 18 de noviembre, coincidiendo con la que se le hizo al ministro Popular  Cristóbal Montoro en el año 2017. No en vano, lo cierto es que desde la sociedad civil todavía no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, y es ahora el propio Ferri el que pretende que Compromís impulse la manifestación.

Pero en su grupo parece que lo ven arriesgado. Las manifestaciones y las camisetas forman parte de otra época. Ahora están en el Gobierno. Precisamente, esta posición más institucional es la que ha llevado a Oltra a utilizar una dialéctica algo distinta a la que tradicionalmente empleaba cuando estaba en la oposición y tocaba “montarle el pollo” al PP. Es por ello que en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell ha incidido en la tesis de que “los Gobiernos se deben a los mandatos del parlamento”, en relación a la fecha límite establecida por el Congreso, eludiendo que la ministra María Jesús Montero ha hecho “caso omiso”  a los plazos en reiteradas ocasiones. Sin ir demasiado lejos, el propio diputado de Compromís Joan Baldoví se ha visto obligado a desistir en sus intentos por poner límites temporales a la reforma del modelo de financiación ante los incumplimientos o ignorancia de la titular de Hacienda.

“Todo Ejecutivo se debe a los mandatos del Legislativo. La fecha propuesta por el Congreso supone un tramo de salida necesario después de muchos años con un sistema caducado”, sostiene la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat. En este sentido, considera que la participación de Ximo Puig en la Conferencia de Presidentes autonómicos se muestra como una oportunidad para el “planteamiento de diferentes miradas en la conformación de un proyecto de Estado común” donde la necesidad de un nuevo sistema de financiación “debe mostrarse a modo de garantía que permita alcanzar la solidez estructural de forma justa y constitucional, porque al final parecemos españoles de segunda”.

Sobre la posición que tuvo la Comunidad de Madrid en la Comisión de Política Fiscal y financiera tratando de “minimizar” la problemática de la infrafinanciación e, incluso, negándose a votar un fondo de nivelación que permita solventar de forma temporal esta deficiencia, Mónica Oltra recuerda que España la componen 17 Comunidades Autónomas y tilda las políticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de “aspiradora de recursos” que “empobrecen el país”.

Reunión con el ministro Escrivá

Por otro lado, ha confiado en que su reunión del próximo 5 de agosto con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, servirá para avanzar en la cogestión del ingreso mínimo vital (IMV) por parte de la Generalitat, que desde hace años concede la renta valenciana de inclusión.

Oltra ha destacado el avance de la renta valenciana de inclusión como "sostén de las personas", ya que ha aumentado más beneficiarios que en la prestación del conjunto de España. "Son datos que están ahí y que demuestran que lo urgente no nos ha apartado de lo importante", manifesta.

Al margen del IMV, el pleno del Consell ha aprobado un convenio con el Estado para financiar el nivel de protección acordado del sistema de la dependencia. A la Comunidad le corresponden 23 millones de acuerdo a los criterios de reparto establecidos en el marco de cooperación interadministrativa.

Supone la implementación del plan de choque acordado por el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con objetivos como disminuir la lista de espera y mejorar tanto la agilidad administrativa como la calidad de los servicios y de las condiciones laborales .