Los otros imputados (y condenados) en la gestión cultural del Botànic

Enero de 2016. Sonó el teléfono en el despacho del jefe de servicio territorial de cultura y deporte. Llamaba la secretaria del secretario autonómico de cultura. Una vez ya tenía al teléfono al jefe de servicio, pasó la llamada al secretario autonómico. Este le comunicó el objeto de la llamada: disponer su cese en su puesto de trabajo.

La causa era que había sido declarado como investigado por la juez de instrucción número 21 de Valencia que conocía del asunto de la compra de unas obras de arte por el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), y que la Generalitat, gestionada por el tripartito PSOE, Compromís y Podemos entendía que no eran originales. El instrumento para la acusación era la Abogacía de la Generalitat, como siempre al servicio, con dinero público de los socios del gobierno. Por cierto, la sentencia firme dictada en este juicio siete años después, declaró que la compra de las obras de arte había sido legal, y las obras de arte eran originales y "una adquisición muy rentable" para el museo valenciano.

Quien llamaba era Albert Girona Albuixec, secretario autonómico de Cultura nombrado por la cuota de Compromís, el llamado era un funcionario público sin afiliación política. El receptor de la llamada entendió inmediatamente la motivación. Era lógico que frente a una imputación judicial, aún respetando la presunción de inocencia, se apartara de un puesto de responsabilidad a la persona sometida a una investigación judicial. Era lógico, y estaba en el código ético de todos los partidos. Precisamente Compromís había hecho gala de dicha ética y su líder, Mónica Oltra había llegado a la fama política acosando al presidente Camps hasta la total destrucción personal del mismo.

El jefe se servicio fue apartado de su puesto de trabajo, y fue sustituido por un militante de Compromís, Ximo López, elevado en la actualidad a secretario autonómico de Cultura, precisamente el mismo cargo de quien cesó a su antecesor en el puesto. Curiosidades de la vida. Hasta aquí todo normal. López autorizó la famosa intervención de los macetero en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Lo que hemos visto en estos años de gobierno del Botànic (tripartito de socialistas, nacionalistas y comunistas) es como desaparece la ética y la estética cuando interesa, sin el más mínimo pudor ni vergüenza, precisamente por aquellos que hicieron bandera de ella y consiguieron llegar al poder destruyendo socialmente a los adversarios con la exigencia de una total y absoluta limpieza ética, que ellos mismos no cumplen. Ante la más mínima sospecha, había que apartar de la vida pública a quien no lo mereciera.

Los ciudadanos contemplan con asombro como responsables políticos del conglomerado gobernante son imputados y condenados, sin la asunción de la mas mínima responsabilidad, sin que sean apartados de sus puestos, ni aún cuando son condenados, buscando mil y una excusas que avergüenzan a cualquier persona mínimamente inteligente, excusas dadas por quien antaño eran abanderados de la limpieza ética y la honestidad. Los imputados y los condenados, no dimiten, y los políticos que los sustentan con sueldo público que pagamos todos, los justifican sin el mas mínimo pudor.

Estas excusas van desde que hay que respetar a presunción de inocencia, en palabras de Carmen Amoraga, directora general de Patrimonio Cultural por cuota PSOE, respecto de la imputación de Gemma Contreras, directora del Instituto Valenciano de Restauración (IVACOR), a la que la fiscalía pide cinco años de prisión por un delito de malversación; a que es una persecución facha de la extrema derecha en palabras de Joan Ribó sobre la petición de imputación a Mónica Oltra, petición efectuada por el juez de Instrucción y por la fiscalía; a que no se trata de haberse llevado dinero como han defendido miembros de Compromís respecto de la imputación de Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, como si solo existiera el delito de malversación en el Código Penal, al cual le quedan causas pendientes relacionadas con el hermano de Ximo Puig y las generosas subvenciones dadas por el gobierno tripartito.

Condenado el director de Centro de Cultura Contemporánea

El último escándalo judicial es la condena al director del Consorcio de Museos y del Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC), el abogado Jose Luís Perez Pont. Efectivamente la condena no ha sido por robar, ha sido por atentado contra el Patrimonio Histórico Valenciano, en concreto contra el claustro del Convento del Carmen del Siglo XIII.

Parece que a ojos de la Consellera Educación Cultura y Deporte, de Compromis, anterior secretaria autonómica de Cultura, y del actual secretario autonómico de Cultura y anterior jefe de servicio Territorial de Cultura, más Compromís, atentar contra el Patrimonio Histórico Valenciano no tiene la menor importancia. Extraño baremo punitivo.

Lo curioso es que la denuncia por atentado contra el Patrimonio Histórico la presentó el sindicato UGT por razones de “vendetta” por asuntos laborales, ajenas a la protección del Patrimonio Histórico de los valencianos ¿va a pedir UGT el cese de Pérez Pont?

La sentencia condenatoria habla de negligencia en la protección del Claustro Renacentista del histórico Convento del Carmen que gestiona el Pérez Pont. Es una imprudencia inexcusable de quien está al cuidado de dicho edificio histórico como manifiesta la sentencia citada. La sentencia es rotunda y demoledora para un responsable cultural que de forma negligente atenta contra el Patrimonio Histórico, una auténtica incongruencia, y una grave irresponsabilidad política mantener a dicho señor gestionando un centro cultural ubicado edificio histórico declarado Bien de Interés Cultural.

Los medios de comunicación, en general salvo contadas excepciones no han dado la noticia de la condena penal de dicho responsable cultural que dirige el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que dirigió Consuelo Ciscar antes de dirigir el IVAM, y el Centro del Carmen de Cultura Contemporána, (CCC).

Precisamente  Pérez Pont que estuvo al frente de la Asociación Valenciana de Criticos de Arte (AVCA), atacó desde esta plataforma, a Consuelo Císcar, el  entre otras cosas por no tener una titulación relacionada con el arte curiosamente como el mismo Pérez Pont que el licenciado es derecho y dirige un centro cultural. Llegó a montar una rueda de prensa desde una habitación alquilada en el hotel Astoria de Valencia con el único fin de denigrar a la directora del IVAM y pedir su cese. Más tarde, y tras la presiones del ex presidente Alberto Fabra, presentó la dimisión por "motivos personales". Su labor en la destrucción le sirvió de premio para dirigir el Consorcio de Museos, que precisamente creó Císcar.

Ahora nadie monta una rueda de prensa para pedir el cese del condenado Perez Pont. La falsa superioridad moral de la izquierda, es una falacia de proporciones estratosféricas. Ni ética ni moral, y como siempre utilizando dos varas de medir una para ellos y otra para  los demás.