Valencianismo constitucional

En el día en el que conmemoramos el 41 aniversario de la aprobación de la Constitución, me propongo en estas líneas tratar de fijar la agenda valenciana no como un listado de agravios; más bien al contrario, como un elemento para el refuerzo del sistema constitucional.

Se trata esta, la frase “valencianismo constitucional”, de un concepto que a nuestro juicio debiera entenderse de una forma extensiva y sinalagmática, abordando el término constitucional en cuanto lo contenido en la carta magna y lo emanada de la misma, incluyendo necesariamente los Estatutos de Autonomía que aprobados por el sistema de doble lealtad (Les Corts y Congreso), abarcan eso que el profesor Martínez Sospedra denominó como bloque de constitucionalidad.

Una idea que refleja el principio de soberanía única pero diversa, como solución integradora que precisamente es impugnada desde las posiciones extremas que cuestionan el sistema haciendo de la demolición del título octavo el principal de sus objetivos por insuficiente o por excesivo según el prisma.

La agenda valenciana, más allá de la coyuntural que viene marcada por las necesidades perentorias tales como la crisis de la naranja o los daños de recientes lluvias en la Vega Baja y la Vall d´Albaida, viene estructurada en tres ejes: la financiación, las infraestructuras y la política hídrica. Tres cuestiones que en absoluto atañen en exclusiva a la Comunitat Valenciana pero de cuya resolución depende en gran medida nuestra economía de los próximos años y nuestra viabilidad como autonomía con todo el peso social al que debe hacer frente.

Una racionalización competencial, de la capacidad y corresponsabilidad financiera que supone una de las más que necesarias reformas que el estado debe afrontar para garantizar una base de igualdad en materia de educación, sanidad y bienestar social que hoy en día se ha quebrado. Junto a ello una política estratégica de infraestructuras básicas que prioridad a la conexión y el transporte en los centros productivos posibilitaría un desarrollo que finalmente repercutiría en la riqueza común de todos los españoles.

Y huelgan argumentos para defender el derecho de regantes y agricultores al acceso al agua, en un contexto el de la segunda mitad del siglo XXI donde el cultivo de la tierra cobrará si no lo tiene ya, un valor estratégico no sólo de cara a la capacidad alimentaria local si no en aspectos claves como el freno de la desertización.

Sólo una política general puede racionalizar el uso y distribución del agua con carácter solidario, eficiente y racional. Agua, infraestructuras y financiación autonómica, podemos concluir que son tres elementos básicos para el debate nacional que vistos como aportación de la agenda valenciana, deben abordarse para dar solución a un mismo nudo que sólo se podrá deshacer aplicando criterios de racionalización combinados a elementos de corresponsabilidad entre administraciones aplicados desde un marcado respeto a la autonomía y una lealtad a la antes nombrada soberanía única pero diversa.

Como punta de lanza de la agenda valenciana, en el primer trimestre de la nueva legislatura llegará a la mesa del Congreso, la reforma o modificación técnica de la carta magna propuesta por Juristes Valencians, respaldada por Les Corts, las tres Diputaciones 432 ayuntamientos, más de un centenar de entidades sindicales, empresariales, sociales, culturales, colegios profesionales o universidades de toda la Comunitat Valenciana.

Que mediante la disposición adicional segunda posibilite la reintegración de la capacidad legislativa en materia de derecho civil valenciano, concretamente en lo que atañe a sucesiones y familia. Supone ante todo la subsanación de un agravio sustentado en un hecho histórico y la pervivencia de un decreto basado en el derecho de conquista, nada más antagónico al derecho civil nacido del pacto y la libertad entre particulares, y nada más antagónico a la voluntad democrática de reintegración expresada en la reforma del estatuto de 2006 aprobada por aplastantes mayorías tanto en Les Corts como en el Congreso.

La reforma valenciana está orientada a la constitucionalización plena del Estatut, al refuerzo del sistema aportando a su estabilidad desde un sentido de estado global, de todo el estado el central y el descentralizado.

*Abogado y miembro de l´ Associació de Juristes Valencians