El cargo de Compromís que justificó al hermano de Puig, ante seis años de cárcel

Hasta a seis años de cárcel se enfrenta el director general de Política Lingüística de Conselleria de Educación, nombrado por Compromís, por justificar ayudas a empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. El Partido Popular, como acusación, pide al tribunal esa condena. El cargo sería falsedad en la justificación de ayudas.

El Juzgado de Instrucción número 9 de València acordó hace escasos días procesar a Rubén Trenzano al considerar que existen indicios de falta de veracidad en un documento fechado en 2018 en el que aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig.

El PP denunció el caso al atribuir a Trenzano un delito de falsedad en documento público y, ahora, junto a la pena de prisión, le reclama, como acusación, una multa de 21.600 euros, así como inhabilitación especial durante seis años según ha difundido la agencia Europapress. Subsidiariamente, para el caso en que se entendiera que los hechos incurren en el delito de falsedad por imprudencia grave, los 'populares' reclaman una multa y la suspensión de empleo o cargo público durante un año.

Esta causa se inició tras la una denuncia de la portavoz adjunta del Partido Popular en Les Corts, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre esas ayudas.

En el escrito se denunciaba que el director general había faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias.

Desde la dirección general de Trenzano aseguraron que la Administración había realizado las actuaciones de control correspondientes sin que se hubiese detectado cualquier indicio que hiciera dudar de la veracidad de la documentación acompañada ni que justificara el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas.

Sin embargo, el juzgado difiere de estas afirmaciones y, entre otros aspectos, tuvo en cuenta para el procesamiento de Trenzano las declaraciones de un funcionario jefe de sección que declaró que en las subvenciones de esos años no hubo plan de control.

"Trenzano era plenamente consciente que reconocer que se hubieran comprobado las subvenciones de 2017 y 2018 pero no así las de 2015 y 2016 era absolutamente injustificable, motivo por el cual decidió falsear el contenido de su resolución manifestando que se habrían realizado todas las actuaciones de control, cuando esto era radicalmente falso", afirma el PP en su escrito de acusación.