Más accidentes laborales y menos vigilancia: balance del Botànic en prevención

La falta de atención del anterior y actual gobierno del Botànic en la gestión de la siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana ofrece con cifras de evolución más que negativas a nivel de gestión y de implementación de políticas activas.             

Como ejemplo, sólo analizar la parte de Asistencia Técnica a empresas y trabajadores o la gestión de la prevención del personal propio de la Generalitat Valenciana, responsabilidad, ambos dos, del INVASSAT perteneciente a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral ocupada por la socialista Cristina Moreno y dependiente del conseller de Compromís Rafael Climent.

Los datos reflejados en los documentos estadísticos y de memorias publicados por el INVASSAT, en su página web, vienen a poner en cuestión la gestión del Ejecutivo.

Si hablamos de la parte de asistencia técnica a empresas y trabajadores, nos podemos remitir a la puesta en marcha de los Planes contra la Siniestralidad Laboral en la Comunitat Valenciana, en los que entre los años 2000 y 2012 se produjo una reducción del índice de incidencia de accidentes totales con baja en jornada de trabajo del 72,54%, estando en el gobierno el Partido Popular, sí que es cierto que, a partir de 2013 y con el inicio de la reactivación económica, se produjo un cambio de tendencia con un aumento de accidentes de trabajo en jornada laboral crecientes año a año.

Crecimiento que, como ejemplo, entre el 2014 y el 2013, estando el gobierno del PP, sólo fue de 707 accidentes, mientras que en los periodos de gobierno del Gobierno del Botánic, el incremento fue de, aproximadamente, 3.000 accidentes cada año hasta alcanzar los 48.161 accidentes con baja en jornada de trabajo, 13.779 más que los que se materializaban en el 2013.

Entre octubre del 2018 y noviembre del 2019, en la Comunitat Valenciana se registraron un total de 51.839 accidentes con baja en jornada de trabajo, con un aumento de 3.379 casos en relación con el mismo periodo del año anterior

Si se miran las cifras por periodos comparados, según el último informe publicado por el INVASSAT, entre octubre del 2018 y noviembre del 2019, en la Comunitat Valenciana se registraron un total de 51.839 accidentes con baja en jornada de trabajo, con un aumento de 3.379 casos en relación con el mismo periodo del año anterior y que representa un incremento del 7,0%.

En parte proporcional, es necesario resaltar que frente a un incremento de siniestralidad del 2,05% en la época del gobierno del PP (2013/2014), en la época del Botànic (2015/2019), el incremento anual ha sido de una media del 8,25% (6,19 puntos porcentuales superior a la legislatura del PP). En este 2019, a nivel nacional, el incremento de la siniestralidad, en el periodo enero - octubre, se sitúa en el 5,5% según datos del Ministerio de Trabajo Trabajo.

Pero como cifras más que preocupante, ya no sólo los 13.779 accidentes totales que se han visto incrementados, son el diferencial de 59 accidentes graves o los 29 accidentes mortales más de diferencia entre los que ocurrían en el 2013 y los ocurridos en el 2018. Unas desgracias personales y familiares de los que los Gobiernos del Botànic han sido y son ajenos y más aún la que fuera directora general de Trabajo y del INVASSAT Cristina Moreno Fernández.

Datos más que claros que indican que las políticas en materia de seguridad laboral no sólo han vivido de rentas de las anteriores, sin haber sido actualizadas a las nuevas condiciones socio económicas, sino que con los gobiernos del Botànic y la gestión de la que fuera Directora General de Trabajo y del INVASSAT Cristina Moreno Fernández, han sido inexistentes viendo lo propuesto y lo conseguido en los diferentes años de gestión.

Acción institucional en salud y seguridad en el trabajo, con principios rectores o líneas y acciones de carácter genera, tal como se puede leer en el documento Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral2017-2020: Invertir en las personas, publicado por el INVASSAT y cuya responsable fue Cristina Moreno y dependiente del Conseller Rafael Climent.

Pero, además, si se analizan los datos del Servicio de Prevención del personal propio de la Generalitat, en los sectores de Justicia, Educación y Administraciones públicas, se puede observar como, cuando estos Servicios pasaron a depender del INVASSAT, con el fin de ganar en eficiencia en la gestión en la época del PP, se llegó a triplicar el número de evaluaciones de riesgos de los centros de trabajo de la Generalitat Valenciana, alcanzándose la cifra de 429 centros de trabajo y 10572 trabajadores evaluados en el 2014.

Por contra, desde el año 2015, cuando el Gobierno del Botànic se hizo cargo de la gestión de la prevención de los trabajadores del Consell, las cifras han ido decreciendo porcentualmente, año tras año, con un decremento medio del 23,13% en el periodo 2015-2017, encontrándose pendientes de evaluar, aun en el día de hoy, 23 años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 486 centros de trabajo de la GV. Esto hecho muestra un falta de responsabilidad del actual Consell y, en particular, del conseller del ramo, Rafael Climent.

Si se hubiera dado continuidad a la gestión del gobierno del PP, en el día de hoy ya estarían realizadas todas las evaluaciones de riesgos en los sectores de Justicia, Educación y Administraciones Públicas, tal como las cifras de las memorias anuales ratifican.

La evaluación de riesgos laborales en la administración ha ido decreciendo cada año

Apreciación sustentada en los datos y cifras que pueden corroborarse en el Plan de Acción Anual, puesto que en el 2017 sólo se planificó realizar 135 Evaluaciones de Riesgos Iniciales, en el 2018, 132, y en el 2019 no se indica cifra alguna.

Además, de las Memorias anuales, se puede deducir el posible incumplimiento de la aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puesto que cuando se producen daños para la salud de los funcionarios públicos al servicio de la Administración del Consell, excepto los del sector sanitario, se debe acometer el proceso de investigación de daños a la salud de todos y cada uno de ellos, por lo que las cifras denotan que dicho deber no se está llevando a cabo, puesto que de los 796 investigaciones del 2015 se ha pasado sólo a investigar 228 con la excusa de que sólo se investigan los que tienen interés preventivo, cuando la Ley obliga a la investigación de todos y cada uno de ellos.

La siniestralidad laboral está costando en la Comunidad Valenciana más de 1.900 millones de euros

Procede por tanto preguntar al Consell, cómo se valoran estas cifras más que clarificadoras de las gestión de un gobierno que dijo venir para " invertir en las personas" y cuya irresponsabilidad en la gestión queda más que manifiesta con cifras publicadas en la Memorias y Planes de Acción del INVASSAT.

Además, ahora que el discurso van en hilo de la EcoVida, cómo valora el actual Consell que, teniendo en cuenta que los costes no asegurados alcanzan, aproximadamente, el 1,72%, según el ISTAS de Comisiones Obreras, en la Comunitat Valenciana estaríamos hablando de unas pérdidas económicas, solamente en 2018, de 1.928,60 millones de euros anuales por la siniestralidad laboral.