Cheque en blanco para los escopeteros

Plegarse ante los escopeteros.

Eso es lo que vienen haciendo nuestras administraciones de forma habitual.

Y la Generalitat Valenciana, esa que tiene a la cabeza partidos que son supuestamente progresistas y que dicen preocuparse por el medio ambiente, tanto que tienen una Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, no es una excepción.

¿Imaginas una institución con un nombre tan pomposo que habla, no de medio ambiente, sino de emergencia climática, que se salte la propia ley que regula sus procedimientos, concretamente los que afectan al medio ambiente, para permitir que quienes contaminan nuestros campos y montes puedan hacer lo que quieran sin supervisión previa?

Pues esto es lo que ha hecho la Generalitat Valenciana, y por la puerta de atrás, incluyendo modificaciones a la ley de caza en la ley de acompañamiento de los presupuestos.

¿Imaginas una institución con un nombre tan pomposo que habla, no de medio ambiente, sino de emergencia climática, que se salte la propia ley que regula sus procedimientos, concretamente los que afectan al medio ambiente?

Y no es casualidad. Hace unos años, durante la Sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, en que se consideró la Proposición no de ley sobre la dignificación del sector cinegético de la Comunitat Valenciana, un diputado de Compromís explicaba que habían mantenido en servicios centrales, territoriales y otros, una media de una reunión cada 10 días con cazadores, además  de otras comunicaciones escritas. Nunca antes se había dado tanta comunicación con ellos, decía.

Desde luego, no sabemos qué se habla en esas reuniones, ni los acuerdos a que se llega, ni en qué términos. Lo que sí conocemos es lo que se publica en el BOE.

Recientemente, sumándose a privilegios añadidos con anterioridad y con la misma alevosía, una modificación de la ley de caza, hecha a través de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, dejada caer entre sus 159 folios. Un párrafo en que se indica que “El plazo máximo de resolución y notificación de los planes técnicos de ordenación cinegética, previstos en el artículo 45, es de seis meses. En caso de no ser resuelto en plazo, se entenderá aprobado.”

Los planes técnicos de ordenación cinegética son documentos que incluyen datos del coto, animales que existen, animales que se van a ejecutar,…

Si de por sí, nadie duda de lo sufrido que es el papel, si ese papel, que teóricamente va a tener una repercusión ambiental, ni siquiera debe ser revisado por la administración, lo que estamos haciendo es dar un cheque en blanco a quienes van ejecutando animales a diestro y siniestro por nuestros montes.

¿Hay algo más perverso que dejar que pasen 6 meses para complacer a quien te interesa sin asumir responsabilidad alguna?

La propia ley de procedimiento administrativo común indica que, en cuestiones relativas al ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, el silencio administrativo es desestimatorio. Y desde luego, soltar animales criados en granjas para después ir por el monte acribillándolos a tiros, mientras se cubre el suelo con plomo y plástico es, sin lugar a dudas, una cuestión ambiental.

Desgraciadamente, esta actitud de connivencia con la caza por parte de la Generalitat Valenciana no es algo excepcional. Una prueba de ello es que la Fiscalía Provincial de Valencia instó en enero de 2019 a la Conselleria de Agricultura a que adoptara medidas para impedir cualquier aprovechamiento cinegético en cotos que afecten a Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Valencia, sin que se haya realizado ninguna actuación en ese sentido.

Del mismo modo, tanto la CGT como PACMA denunciaron hace ya años que se podía haber estado cazando de forma ilegal en 157 cotos de la provincia de Valencia, 70 de ellos dentro de espacios naturales protegidos tan emblemáticos como el Parque Natural de La Albufera,  el Parc Natural Marjal Pego-Oliva o el Parc Natural de la Serra Calderona, sin que la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, se haya dignado siquiera a dar a conocer la información completa de esos expedientes.

En definitiva, saltarse sus propios procedimientos regulatorios, ignorar las directrices de Fiscalía, ocultar información y modificar leyes por la puerta de atrás, es el modus operandi que viene ejerciendo la Generalitat Valenciana, en relación a la caza. Plegarse ante los intereses de unos pocos, ignorando un bien común superior, la protección del medio ambiente, con la finalidad de convertir nuestros espacios naturales en un cheque en blanco para quienes hacen de la muerte un cruel, arcaico y violento modo de diversión.